Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Aprobada el 10/Dic./2018

Asamblea General de la ONU • dic 18, 2018

ASAMBLEA GENERAL DE LA ORANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Distr. general
30 de julio de 2018
Español
Original: inglés

Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y RegularMarrakech (Marruecos), 10 y 11 de diciembre de 2018Tema 10 del programa provisional*Documento final de la Conferencia

Proyecto de documento final de la Conferencia

Nota de la Presidencia de la Asamblea General

1. La Asamblea General, en su resolución 72/244, reafirmó su decisión de que la Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular tendría como resultado la aprobación de un documento final negociado y convenido a nivel intergubernamental, titulado “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular” y que el resultado de las negociaciones intergubernamentales celebradas con arreglo a lo dispuesto en su resolución 71/280 sería transmitido por la Presidencia de la Asamblea General a la Conferencia Intergubernamental para que esta lo aprobase.
2. Por la presente se transmite a la Conferencia para que lo apruebe, de conformidad con el párrafo 6 b) de la resolución 72/244, el texto del documento final convenido como resultado de las negociaciones intergubernamentales celebradas con arreglo a lo dispuesto en la resolución 71/280 bajo la dirección de los cofacilitadores, Sres. Juan José Gómez Camacho (México) y Jürg Lauber (Suiza), el viernes 13 de julio de 2018 (véase el anexo).
* A/CONF.231/1.
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Anexo
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
Los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre de 2018, reafirmando la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y decididos a contribuir de manera importante a la mejora de la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones, hemos aprobado el siguiente Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y

Regular:
Preámbulo
1. El presente Pacto Mundial se basa en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

2. También se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los demás tratados fundamentales de derechos humanos1; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, incluidos el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre la Esclavitud y la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África; el Acuerdo de París2; y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la promoción del trabajo decente y la migración laboral3 , así como en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Nueva Agenda Urbana.

3. No es la primera vez que se celebran debates mundiales sobre la migración internacional: cabe recordar los avances conseguidos gracias al Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo de 2006 y 2013, así como las contribuciones del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, iniciado en 2007. Estas plataformas prepararon el terreno para la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en la que nos comprometimos a concertar un pacto mundial sobre los refugiados y aprobar el presente Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular mediante dos procesos separados. Juntos, ambos pactos __________________
1 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2 Aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP. 21).
3 El Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949 (Núm. 97); el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Disposiciones Complementarias), 1975 (Núm. 143); el Convenio sobre la Igualdad de Trato (Seguridad Social), 1962 (Núm. 118); y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Núm. 189).
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mundiales constituyen marcos de cooperación internacional complementarios que cumplen los respectivos mandatos establecidos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, donde se reconoce que los migrantes y los refugiados afrontan muchos problemas comunes y tienen vulnerabilidades similares.

4. Si bien los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales, que deben respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados. Solo los refugiados tienen derecho a una protección internacional específica, definida en el derecho internacional de los refugiados. El presente Pacto Mundial se refiere a los migrantes y propone un marco de cooperación para abordar la migración en todas sus dimensiones.

5. Reconocemos la contribución que han hecho al proceso preparatorio de este Pacto Mundial los Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes mediante sus aportaciones a las etapas de consulta y recapitulación, así como el informe del Secretario General titulado “Conseguir que la migración funcione para todos”.

6. El presente Pacto Mundial representa un hito en la historia del diálogo mundial y la cooperación internacional sobre la migración. Se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba y se inspira en la Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, aprobada en octubre de 2013. Tiene en cuenta asimismo la labor pionera del anterior Representante Especial del Secretario General sobre la Migración Internacional, incluido su informe de 3 de febrero de 2017.

7. Este Pacto Mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que se basa en los compromisos acordados por los Estados Miembros en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario, y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Visión y principios rectores

8. El presente Pacto Mundial expresa nuestro compromiso colectivo de mejorar la cooperación sobre la migración internacional. La migración ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia, y reconocemos que genera prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado, y que estos efectos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración. En el mundo actual, la mayoría de los migrantes viajan, viven y trabajan de manera segura, ordenada y regular. Sin embargo, no cabe duda de que la migración tiene efectos muy distintos y a veces imprevisibles en nuestros países y comunidades y en los migrantes y sus familias.

9. Es crucial que los desafíos y las oportunidades de la migración internacional sean algo que nos una, en lugar de dividirnos. En este Pacto Mundial se enuncia nuestra concepción común, nuestras responsabilidades compartidas y nuestra unidad de propósito respecto de la migración, para conseguir que esta funcione para todos.
Concepción común

10. El presente Pacto Mundial es el resultado de un examen sin precedentes de las pruebas y los datos reunidos durante un proceso abierto, transparente e inclusivo, en el que expusimos nuestras realidades y escuchamos diversas opiniones, conformando y enriqueciendo así nuestra concepción común de este complejo fenómeno.
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Aprendimos que la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado, que vincula a las sociedades dentro de todas las regiones y también a nivel interregional, haciendo que todas las naciones sean a la vez países de origen, tránsito y destino. Reconocemos que sigue siendo necesario hacer esfuerzos internacionales para conocer y analizar más a fondo la migración, ya que, si compartimos una misma concepción, podremos mejorar las políticas que descubren el potencial del desarrollo sostenible para todos. Debemos reunir y difundir datos de calidad. Debemos garantizar que los migrantes y quienes puedan serlo estén plenamente informados de sus derechos, obligaciones y opciones de migración segura, ordenada y regular, y sean conscientes de los riesgos que entraña la migración irregular. También debemos proporcionar a todos nuestros ciudadanos acceso a una información clara, objetiva y con base empírica sobre los beneficios y desafíos de la migración, a fin de contrarrestar los discursos engañosos que generan percepciones negativas de los migrantes.

Responsabilidades compartidas
11. El presente Pacto Mundial ofrece un panorama completo de la migración internacional y reconoce que es necesario aplicar un enfoque integral para optimizar los beneficios generales de la migración, abordando al mismo tiempo los riesgos y desafíos a que se enfrentan las personas y las comunidades en los países de origen, tránsito y destino. Ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario. Con este enfoque integral, pretendemos facilitar la migración segura, ordenada y regular, reduciendo la incidencia de la migración irregular y sus efectos negativos mediante la cooperación internacional y una combinación de medidas expuestas en este Pacto Mundial. Reconocemos que, como Estados Miembros de las Naciones Unidas, compartimos la responsabilidad de abordar las necesidades y preocupaciones mutuas sobre la migración, y tenemos la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, pero promoviendo también la seguridad y la prosperidad de todas nuestras comunidades.

12. El propósito de este Pacto Mundial es mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen, obligándolas a buscar futuro en otros lugares. Con él pretendemos reducir los riesgos y vulnerabilidades a que se enfrentan los migrantes durante las distintas etapas de la migración respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos y proporcionándoles atención y asistencia. Aspiramos a abordar las preocupaciones legítimas de las comunidades, reconociendo que las sociedades están experimentando cambios demográficos, económicos, sociales y ambientales de diferente magnitud que pueden repercutir en la migración o derivarse de ella. Nuestra intención es crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades con su capacidad humana, económica y social, y hacer así que les sea más fácil contribuir al desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y mundial.

Unidad de propósito
13. El presente Pacto Mundial reconoce que la migración segura, ordenada y regular funciona para todos cuando se basa en buena información, se planifica y es objeto de consenso. La migración nunca debería ser fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debemos cooperar para responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir los desafíos correspondientes. Debemos colaborar para crear condiciones que permitan a las comunidades y las personas vivir con seguridad y dignidad en su propio país. Debemos salvar vidas y evitar que los migrantes sufran daño. Debemos empoderar a los migrantes para que
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se conviertan en miembros plenos de nuestras sociedades, destacar sus contribuciones positivas y promover la inclusión y la cohesión social. Debemos aportar a los Estados, las comunidades y los migrantes una mayor previsibilidad y certidumbre. Para lograrlo, nos comprometemos a facilitar y garantizar la migración segura, ordenada y regular por el bien de todos.

14. Nuestro éxito dependerá de la confianza mutua, la determinación y la solidaridad de los Estados para cumplir los objetivos y compromisos enunciados en este Pacto Mundial. Unidos en una cooperación ventajosa para todos, examinaremos los desafíos y oportunidades que plantea la migración en todas sus dimensiones, compartiendo responsabilidades y buscando soluciones innovadoras. Con este propósito común, damos un paso histórico, plenamente conscientes de que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un hito en el camino, pero no el final de nuestros esfuerzos. Nos comprometemos a proseguir el diálogo multilateral en las Naciones Unidas mediante un mecanismo de seguimiento y examen periódico eficaz, para asegurarnos de que las palabras de este documento se traduzcan en acciones concretas que beneficien a millones de personas en todas las regiones del mundo.

15. Estamos de acuerdo en que este Pacto Mundial se basa en un conjunto de principios rectores, que son transversales e interdependientes, a saber:
a) Centrarse en las personas. El Pacto Mundial tiene una importante dimensión humana, que es inherente a la experiencia misma de la migración. Por ello promueve el bienestar de los migrantes y los miembros de las comunidades en los países de origen, tránsito y destino. Así pues, el Pacto Mundial se centra en las personas;
b) Cooperación internacional. El Pacto Mundial es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que reconoce que ningún Estado puede abordar la migración en solitario por ser esta un fenómeno intrínsecamente transnacional que requiere cooperación y diálogo a nivel internacional, regional y bilateral. Su autoridad dimana de su carácter consensuado, su credibilidad, su titularidad colectiva y el hecho de que su aplicación, seguimiento y examen sean conjuntos;
c) Soberanía nacional. El Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional;
d) Estado de derecho y garantías procesales. El Pacto Mundial reconoce que el respeto del estado de derecho, las garantías procesales y el acceso a la justicia son fundamentales para todos los aspectos de la gobernanza migratoria. Esto significa que el Estado y las instituciones y entidades públicas y privadas, así como las propias personas, están sujetas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, y son compatibles con el derecho internacional;
e) Desarrollo sostenible. El Pacto Mundial se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se reconoce que la migración es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. La migración contribuye a lograr resultados positivos en materia de desarrollo y a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente cuando se
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gestiona bien. El Pacto Mundial tiene por objeto aprovechar el potencial de la migración para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la repercusión que este logro tendrá sobre la migración en el futuro;
f) Derechos humanos. El Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivos de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También reafirmamos el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia;
g) Perspectiva de género. El Pacto Mundial garantiza que se respeten los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todas las etapas de la migración, que se comprendan y satisfagan adecuadamente sus necesidades específicas, y que se los empodere como agentes de cambio. Incorpora la perspectiva de género y promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, reconociendo su independencia, su capacidad de actuar y su liderazgo, para dejar de percibir a las migrantes casi exclusivamente desde el prisma de la victimización;
h) Perspectiva infantil. El Pacto Mundial promueve las obligaciones jurídicas internacionales vigentes en relación con los derechos del niño, y defiende el principio del interés superior del niño en todo momento, como consideración primordial en cualquier situación que afecte a los menores en el contexto de la migración internacional, incluidos los menores no acompañados y separados;
i) Enfoque pangubernamental. El Pacto Mundial considera que la migración es una realidad pluridimensional que no puede ser abordada por un solo sector normativo del gobierno. Para formular y aplicar políticas y prácticas migratorias eficaces, es necesario adoptar un enfoque pangubernamental que asegure la coherencia normativa horizontal y vertical en todos los sectores y niveles del gobierno;
j) Enfoque pansocial. El Pacto Mundial promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para abordar la migración en todas sus dimensiones mediante la inclusión de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la sociedad civil, los círculos académicos, el sector privado, los parlamentarios, los sindicatos, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación y otros interesados en la gobernanza migratoria.

Nuestro marco de cooperación
16. En la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes aprobamos una declaración política y un conjunto de compromisos. Reafirmamos en su totalidad la Declaración, que nos sirve de base para establecer el siguiente marco de cooperación, que consta de 23 objetivos e incluye también medidas de aplicación, seguimiento y examen. Cada objetivo contiene un compromiso, seguido de una serie de acciones consideradas pertinentes como instrumentos normativos y mejores prácticas. Con el fin de cumplir los 23 objetivos, recurriremos a esas acciones para lograr la migración segura, ordenada y regular a lo largo de todo el ciclo migratorio.
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Objetivos para la migración segura, ordenada y regular
1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica
2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen
3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración
4. Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada
5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular
6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente
7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración
8. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos
9. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes
10. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional
11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada
12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación
13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas
14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio
15. Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos
16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social
17. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración
18. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias
19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países
20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes
21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible
22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas
23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular
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Objetivos y compromisos
Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica
17. Nos comprometemos a reforzar la base empírica sobre la migración internacional disponible a nivel mundial haciendo mejoras e inversiones en la recopilación, análisis y difusión de datos exactos, fiables y comparables, desglosados por sexo, edad, estatus migratorio y otras características pertinentes para los contextos nacionales, pero respetando el derecho a la privacidad con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y protegiendo los datos personales. Nos comprometemos además a velar por que esos datos faciliten la investigación, sirvan de guía para la formulación de políticas coherentes con base empírica y un discurso público bien informado, y permitan hacer un seguimiento y una evaluación eficaces del cumplimiento de los compromisos a lo largo del tiempo.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Elaborar y aplicar una estrategia integral para mejorar los datos sobre migración a nivel local, nacional, regional y mundial, con la participación de todos los interesados pertinentes y bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, armonizando las metodologías de recopilación de datos y mejorando el análisis y la difusión de datos e indicadores relacionados con la migración;
b) Mejorar la comparabilidad y compatibilidad internacional de las estadísticas y los sistemas de datos nacionales sobre migración, incluso mediante un mayor desarrollo y aplicación de la definición estadística de migrante internacional, elaborando un conjunto de normas para medir las poblaciones y corrientes de migrantes, y documentando los patrones y tendencias de la migración y las características de los migrantes, así como los factores que fomentan la migración y sus repercusiones;
c) Establecer un programa mundial destinado a aumentar y mejorar la capacidad nacional de recopilación, análisis y difusión de datos para compartir datos, subsanar las lagunas existentes y evaluar las principales tendencias migratorias que promueva la colaboración entre los interesados pertinentes a todos los niveles, proporcione capacitación, apoyo financiero y asistencia técnica específicos, aproveche las nuevas fuentes de datos, incluidos los macrodatos, y sea examinado periódicamente por la Comisión de Estadística;
d) Recopilar, analizar y utilizar datos sobre los efectos y beneficios de la migración y sobre las contribuciones que los migrantes y las diásporas hacen al desarrollo sostenible, con miras a influir en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las correspondientes estrategias y programas a nivel local, nacional, regional y mundial;
e) Ayudar a que las bases de datos y los repositorios mundiales y regionales existentes, como el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo del Banco Mundial, sigan ampliándose y colaboren más entre sí, con miras a consolidar sistemáticamente los datos pertinentes de manera transparente y sencilla, y alentando al mismo tiempo a las distintas instituciones a que cooperen para evitar duplicaciones;
f) Establecer y reforzar centros regionales de investigación y formación u observatorios sobre la migración, como el Observatorio Africano de la Migración y el Desarrollo, a fin de recopilar y analizar, conforme a las normas de las Naciones Unidas, datos sobre aspectos como las mejores prácticas, las contribuciones de los
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migrantes, los beneficios y desafíos económicos, sociales y políticos que, en general, conlleva la migración para los países de origen, tránsito y destino, así como los factores que fomentan la migración, con miras a formular estrategias comunes y maximizar el valor de los datos desglosados sobre migración, en coordinación con los mecanismos regionales y subregionales existentes;
g) Mejorar la recopilación de datos nacionales integrando en los censos nacionales, tan pronto como sea factible, aspectos relacionados con la migración, como el país de nacimiento, el país de nacimiento de los progenitores, el país de nacionalidad, el país donde se residía cinco años antes del censo, la fecha de llegada más reciente y el motivo de la migración, a fin de que puedan analizarse y difundirse oportunamente los resultados, desglosados y tabulados conforme a las normas internacionales, para fines estadísticos;
h) Realizar encuestas sobre los hogares, la fuerza de trabajo y otros temas para recopilar información acerca de la integración social y económica de los migrantes o añadir módulos estándar sobre migración a las encuestas domiciliarias existentes para mejorar la comparabilidad a nivel nacional, regional e internacional, y difundir los datos recopilados mediante archivos de microdatos estadísticos de uso público;
i) Mejorar la colaboración entre las dependencias estatales encargadas de los datos sobre migración y las oficinas nacionales de estadística para producir estadísticas relacionadas con la migración, incluso utilizando para fines estadísticos registros administrativos como los de fronteras, visados y permisos de residencia, registros demográficos y otras fuentes pertinentes, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
j) Elaborar y utilizar perfiles migratorios específicos de cada país, con datos desglosados sobre todos los aspectos pertinentes para la migración en el contexto nacional, como las necesidades del mercado de trabajo, la demanda y disponibilidad de aptitudes, el impacto ambiental y social de la migración, los costos de las transferencias de remesas, la salud, la educación, la ocupación, las condiciones de vida y de trabajo, los salarios y las necesidades de los migrantes y las comunidades receptoras, a fin de formular políticas migratorias con base empírica;
k) Cooperar con los interesados pertinentes en los países de origen, tránsito y destino para aumentar las investigaciones, estudios y encuestas sobre la interrelación entre la migración y las tres dimensiones del desarrollo sostenible, las contribuciones y aptitudes de los migrantes y las diásporas, y sus vínculos con los países de origen y destino.
Objetivo 2: Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen
18. Nos comprometemos a crear condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales adecuadas para que las personas puedan vivir de manera pacífica, productiva y sostenible en su propio país y cumplir sus aspiraciones personales, a fin de evitar que la desesperación y el deterioro del entorno las obliguen a recurrir a la migración irregular para buscar medios de subsistencia en otro lugar. Nos comprometemos además a garantizar la implementación plena y oportuna de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a basarnos e invertir en la aplicación de otros marcos existentes con el fin de aumentar la repercusión general del Pacto Mundial para facilitar la migración segura, ordenada y regular.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promover la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción
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de Addis Abeba, y el compromiso de ayudar primero a los más rezagados, así como el Acuerdo de París y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030;
b) Invertir en programas que aceleren el cumplimiento por los Estados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el propósito de eliminar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, por ejemplo, mediante la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud y el saneamiento, la educación, el crecimiento económico inclusivo, la infraestructura, el desarrollo urbano y rural, la creación de empleo, el trabajo decente, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación y adaptación al cambio climático, abordando los efectos socioeconómicos de todas las formas de violencia, la no discriminación, el estado de derecho y la buena gobernanza, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, así como creando y manteniendo sociedades pacíficas e inclusivas con instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas;
c) Establecer o reforzar mecanismos para vigilar y anticipar la evolución de los riesgos y amenazas que puedan desencadenar movimientos migratorios o influir en ellos, fortalecer los sistemas de alerta temprana, preparar procedimientos y herramientas para emergencias, iniciar operaciones de emergencia y respaldar la recuperación posterior, brindando estrecha cooperación y apoyo a otros Estados, las autoridades nacionales y locales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil;
d) Invertir en el desarrollo sostenible a nivel local y nacional en todas las regiones, para que todas las personas puedan tener una vida mejor y cumplir sus aspiraciones, fomentando el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, incluso mediante inversiones privadas y la inversión extranjera directa y las preferencias comerciales, a fin de crear condiciones favorables para que las comunidades y las personas puedan aprovechar las oportunidades existentes en su propio país e impulsar el desarrollo sostenible;
e) Invertir en el desarrollo del capital humano promoviendo el emprendimiento, la educación, los programas y alianzas para la formación profesional y el desarrollo de aptitudes, la creación de empleo productivo en función de las necesidades del mercado de trabajo y en cooperación con el sector privado y los sindicatos, con miras a reducir el desempleo juvenil, evitar la fuga de cerebros y optimizar la recuperación de cerebros en los países de origen y aprovechar el dividendo demográfico;
f) Fortalecer la colaboración entre los agentes humanitarios y de desarrollo, incluso promoviendo los análisis conjuntos, los enfoques de donantes múltiples y los ciclos de financiación plurianual, a fin de preparar respuestas y productos a largo plazo que garanticen el respeto de los derechos de las personas afectadas, la resiliencia y la capacidad de afrontamiento de las poblaciones, así como la autosuficiencia económica y social, y velando por que se tenga en cuenta la migración en esas actividades;
g) Considerar a los migrantes en las actividades nacionales de preparación y respuesta frente a emergencias, incluso teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de los procesos consultivos liderados por los Estados, como las Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos o Desastres Naturales (Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis);
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Desastres naturales, efectos adversos del cambio climático y degradación ambiental
h) Intensificar los análisis conjuntos y el intercambio de información para cartografiar, comprender, predecir y afrontar mejor los movimientos migratorios, como los que puedan derivarse de los desastres naturales repentinos y de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático, la degradación ambiental y otras situaciones precarias, velando al mismo tiempo por que se respeten, protejan y cumplan efectivamente los derechos humanos de todos los migrantes;
i) Formular estrategias de adaptación y resiliencia a los desastres naturales repentinos y de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental, como la desertificación, la degradación de las tierras, la sequía y la subida del nivel del mar, teniendo en cuenta las posibles consecuencias para la migración, pero reconociendo que es prioritaria la adaptación en el país de origen;
j) Integrar consideraciones relativas al desplazamiento en las estrategias de preparación para casos de desastre y promover la cooperación con los países vecinos y otros países interesados para preparar mecanismos de alerta temprana, planificación para imprevistos, almacenamiento, coordinación, planificación de evacuaciones, acuerdos de recepción y asistencia e información pública;
k) Armonizar y desarrollar enfoques y mecanismos subregionales y regionales para abordar la vulnerabilidad de las personas afectadas por desastres naturales repentinos y de evolución lenta, velando por que tengan acceso a una asistencia humanitaria que satisfaga sus necesidades esenciales y por que se respeten plenamente sus derechos allá donde se encuentren, y promoviendo resultados sostenibles que aumenten la resiliencia y la autosuficiencia, teniendo en cuenta la capacidad de todos los países interesados;
l) Formular enfoques coherentes para encarar los desafíos que plantean los movimientos migratorios en el contexto de los desastres naturales repentinos y de evolución lenta, incluso teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de los procesos consultivos liderados por los Estados, como la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a Través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático y la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres.
Objetivo 3: Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración
19. Nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos por suministrar, facilitar y difundir información exacta, oportuna, accesible y transparente sobre aspectos relacionados con la migración para y entre los Estados, las comunidades y los migrantes en todas las etapas de la migración. Nos comprometemos además a utilizar esa información para formular políticas migratorias que ofrezcan un alto grado de previsibilidad y certidumbre a todas las instancias interesadas.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Poner en marcha y dar a conocer un sitio web nacional centralizado y de acceso público para difundir información sobre las opciones de migración regular, por ejemplo, sobre las leyes y políticas de inmigración de determinados países, los requisitos relativos a los visados y su solicitud, tasas y criterios de conversión, los permisos de trabajo exigidos, las cualificaciones profesionales necesarias, la evaluación y las equivalencias de credenciales, las oportunidades de capacitación y estudio, y el costo y las condiciones de la vida, a fin de fundamentar las decisiones de los migrantes;
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b) Promover y mejorar la cooperación y el diálogo sistemáticos a nivel bilateral, regional e internacional para intercambiar información sobre las tendencias relacionadas con la migración, incluso mediante bases de datos conjuntas, plataformas en línea y centros de capacitación y redes de enlace internacionales, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
c) Establecer puntos de información abiertos y accesibles a lo largo de las rutas migratorias pertinentes que puedan derivar a los migrantes a servicios de apoyo y asesoramiento con perspectiva de género e infantil, ofrecerles la oportunidad de comunicarse con los representantes consulares del país de origen, y facilitar la información pertinente, por ejemplo, sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, la protección y asistencia adecuadas, las opciones y vías de migración regular y las posibilidades de regreso, en un idioma que la persona comprenda;
d) Proporcionar a los migrantes recién llegados amplia información y orientación jurídica sobre sus derechos y obligaciones, que sea específica para ellos, tenga en cuenta la perspectiva de género e infantil y sea accesible, por ejemplo, sobre el cumplimiento de las leyes nacionales y locales, la obtención de permisos de trabajo y residencia, la modificación del estatus, el registro ante las autoridades, el acceso a la justicia para denunciar violaciones de sus derechos y el acceso a los servicios básicos;
e) Promover campañas de información multilingües y con base empírica que tengan en cuenta el género y organizar actividades de sensibilización y cursos de orientación previos a la partida en los países de origen, en cooperación con las autoridades locales, las misiones consulares y diplomáticas, el sector privado, las instituciones académicas, las organizaciones de migrantes y de las diásporas, y la sociedad civil, a fin de promover la migración segura, ordenada y regular, y para poner de relieve los riesgos que entraña la migración irregular y en condiciones de riesgo.
Objetivo 4: Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada
20. Nos comprometemos a cumplir el derecho de todas las personas a la identidad jurídica proporcionando a todos nuestros nacionales pruebas de su nacionalidad y la documentación pertinente, para que las autoridades nacionales y locales puedan determinar la identidad jurídica de los migrantes a su llegada, durante su estancia y para su regreso, así como garantizar la eficacia de los procedimientos migratorios, la prestación eficiente de servicios y una mejor seguridad pública. Nos comprometemos además a velar, con las medidas apropiadas, por que se expidan a los migrantes documentación adecuada y documentos del registro civil, como partidas de nacimiento y actas de matrimonio y defunción, en todas las etapas de la migración, como medio de empoderar a los migrantes para que ejerzan efectivamente sus derechos humanos.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Mejorar los sistemas de registro civil, en particular para incluir a las personas no inscritas y a nuestros ciudadanos residentes en otros países, entre otras cosas, proporcionando los documentos de identidad y registro civil pertinentes, fortaleciendo las capacidades correspondientes e invirtiendo en soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
b) Armonizar los documentos de viaje con arreglo a lo especificado por la Organización de Aviación Civil Internacional para facilitar la interoperabilidad y el reconocimiento universal de los documentos de viaje, así como para combatir la usurpación de la identidad y la falsificación de documentos, incluso invirtiendo en su
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digitalización, y reforzando los mecanismos para el intercambio de datos biométricos, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
c) Asegurar que nuestros nacionales residentes en otros países dispongan de documentación consular adecuada, oportuna, fiable y accesible, incluidos documentos de identidad y de viaje, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones y mediante actividades de extensión comunitaria, particularmente en las zonas remotas;
d) Facilitar el acceso a la documentación personal, como pasaportes y visados, y asegurarnos de que las normas y los criterios para obtener esos documentos no sean discriminatorios realizando un examen que tenga en cuenta el género y la edad para impedir que aumente el riesgo de vulnerabilidad durante todo el ciclo migratorio;
e) Fortalecer las medidas para reducir la apatridia, entre otras cosas, registrando los nacimientos de los migrantes, garantizando que tanto las mujeres como los hombres puedan transmitir la nacionalidad a sus hijos y otorgando la nacionalidad a los niños nacidos en el territorio de otro Estado, especialmente en los casos en que, de no hacerlo, el niño sería apátrida, respetando plenamente el derecho humano a la nacionalidad y con arreglo a la legislación interna;
f) Examinar y revisar los requisitos necesarios para demostrar la nacionalidad en los centros de prestación de servicios a fin de evitar que se impida a los migrantes que no tengan pruebas de su nacionalidad o identidad jurídica acceder a los servicios básicos ni se nieguen sus derechos humanos;
g) Aprovechar las prácticas locales que facilitan la participación en la vida comunitaria, como la interacción con las autoridades y el acceso a los servicios pertinentes, expidiendo a todas las personas que vivan en un municipio, incluidos los migrantes, tarjetas de registro con datos personales básicos, aunque esas tarjetas no den derecho a obtener la ciudadanía ni la residencia.
Objetivo 5: Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular
21. Nos comprometemos a adaptar las opciones y las vías de migración regular de tal manera que facilite la movilidad laboral y el trabajo decente reflejando la realidad demográfica y del mercado de trabajo, optimice las oportunidades educativas, defienda el derecho a la vida familiar y responda a las necesidades de los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con miras a ampliar y diversificar las vías disponibles para la migración segura, ordenada y regular.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Formular acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales sobre movilidad laboral basados en los derechos humanos y con perspectiva de género que incluyan condiciones específicas de empleo para cada sector, en cooperación con los interesados pertinentes y teniendo en cuenta las normas, directrices y principios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y del trabajo;
b) Facilitar la movilidad laboral dentro de las regiones y entre ellas mediante acuerdos de cooperación internacional y bilateral, como los regímenes de libre circulación, la liberalización de los visados o los visados para más de un país, y los marcos de cooperación sobre movilidad laboral, en función de las prioridades nacionales, las necesidades del mercado local y la oferta de aptitudes;
c) Examinar y revisar las opciones y vías existentes para la migración regular, con miras a optimizar la correspondencia entre la oferta y la demanda de aptitudes en los mercados de trabajo y abordar las realidades demográficas y los desafíos y
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oportunidades del desarrollo, en función de las demandas del mercado de trabajo y la oferta de aptitudes locales y nacionales, en consulta con el sector privado y otros interesados pertinentes;
d) Elaborar planes de movilidad laboral flexibles, basados en los derechos y con perspectiva de género para los migrantes, en función de las necesidades del mercado de trabajo y la oferta de aptitudes locales y nacionales en todos los niveles de cualificación, incluidos programas de empleo temporal, estacional, circular y acelerado en sectores donde escasee la mano de obra, ofreciendo como opción visados y permisos que tengan flexibilidad, sean convertibles y no discriminen, por ejemplo, los que permiten el empleo permanente y temporal, o los visados de entradas múltiples para estudios, negocios, visitas, inversiones y emprendimiento;
e) Promover la correspondencia efectiva entre la oferta y la demanda de aptitudes en la economía nacional procurando que las autoridades locales y otros interesados pertinentes, en particular el sector privado y los sindicatos, participen para analizar el mercado de trabajo local, determinar las aptitudes que escasean, definir los perfiles profesionales necesarios y evaluar la eficacia de las políticas de migración laboral, con el fin de garantizar la movilidad de la mano de obra contratada en función del mercado a través de vías regulares;
f) Fomentar la eficiencia y eficacia de los programas de correspondencia entre la oferta y la demanda de aptitudes reduciendo los plazos de tramitación de visados y permisos para las autorizaciones de empleo estándar y brindando la posibilidad de acelerar y facilitar la tramitación de visados y permisos para los empleadores con historial de cumplimiento;
g) Elaborar o aprovechar prácticas nacionales y regionales que permitan la admisión y una estancia de duración apropiada por motivos humanitarios o de otra índole para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen debido a desastres naturales repentinos y otras situaciones precarias, por ejemplo, mediante visados humanitarios, patrocinios privados, el acceso de los niños a la educación, y permisos de trabajo temporales, mientras les sea imposible adaptarse en su país de origen o regresar a él;
h) Cooperar a fin de encontrar, desarrollar y reforzar soluciones para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen debido a desastres naturales de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental, como la desertificación, la degradación de la tierra, la sequía y la subida del nivel del mar, incluso mediante opciones de reubicación planificada u obtención de visados, en los casos en que les sea imposible adaptarse en su país de origen o regresar a él;
i) Facilitar el acceso a los procedimientos de reunificación familiar para los migrantes, sea cual sea su cualificación, con medidas apropiadas que promuevan la realización del derecho a la vida familiar y el interés superior del niño, incluso examinando y revisando los requisitos aplicables, como los relativos a los ingresos, el dominio del idioma, la duración de la estancia, la autorización para trabajar y el acceso a la seguridad y los servicios sociales;
j) Ampliar las opciones disponibles para la movilidad académica, incluso mediante acuerdos bilaterales y multilaterales que faciliten los intercambios académicos, como las becas para estudiantes y profesionales universitarios, las plazas de profesor visitante, los programas conjuntos de capacitación y las oportunidades de investigación internacionales, en cooperación con las instituciones académicas y otros interesados pertinentes.
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Objetivo 6: Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente
22. Nos comprometemos a examinar los mecanismos de contratación existentes para asegurarnos de que sean justos y éticos y para proteger a todos los trabajadores migrantes contra cualquier forma de explotación y abusos con el fin de garantizar el trabajo decente y maximizar las contribuciones socioeconómicas de los migrantes en los países tanto de origen como de destino.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promover la firma y ratificación de los instrumentos internacionales pertinentes relacionados con la migración laboral internacional, los derechos laborales, el trabajo decente y el trabajo forzoso, la adhesión a dichos instrumentos y su aplicación;
b) Aprovechar la labor de las plataformas bilaterales, subregionales y regionales que han superado obstáculos y establecido mejores prácticas respecto de la movilidad laboral, facilitando el diálogo interregional para compartir esos conocimientos y promover el pleno respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación, incluidos los trabajadores domésticos migrantes;
c) Mejorar la reglamentación de las agencias de empleo públicas y privadas, a fin de armonizarla con las directrices y mejores prácticas internacionales, y prohibir que los contratadores y empleadores cobren o trasladen honorarios de contratación u otros gastos a los trabajadores migrantes, a fin de prevenir la servidumbre por deudas, la explotación y el trabajo forzoso, incluso estableciendo mecanismos obligatorios y aplicables para regular y vigilar efectivamente el sector de la contratación;
d) Colaborar con todos los interesados pertinentes, incluidos los empleadores, las organizaciones de trabajadores migrantes y los sindicatos, para que los trabajadores migrantes reciban un contrato escrito y tengan conocimiento de lo estipulado en él, de los reglamentos relativos a la contratación internacional de mano de obra y el empleo en el país de destino, y de sus derechos y obligaciones, así como de la forma de acceder a mecanismos eficaces de denuncia y recurso, en un idioma que comprendan;
e) Promulgar y aplicar leyes nacionales que castiguen las violaciones de los derechos humanos y laborales, especialmente en los casos de trabajo forzoso y trabajo infantil, y cooperar con el sector privado, incluidos los empleadores, los contratadores, los subcontratadores y los proveedores, para forjar alianzas que promuevan las condiciones necesarias para el trabajo decente, eviten los abusos y la explotación, y aseguren una clara especificación de las funciones y responsabilidades en los procesos de contratación y empleo, para así aumentar la transparencia de la cadena de suministro;
f) Reforzar la aplicación de normas y políticas justas y éticas de contratación y trabajo decente aumentando la capacidad de los inspectores de trabajo y otras autoridades para vigilar mejor a los contratadores, los empleadores y los proveedores de servicios en todos los sectores, velando por que se respete el derecho internacional de los derechos humanos y del trabajo para impedir cualquier forma de explotación, esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, obligatorio o infantil;
g) Desarrollar y fortalecer la migración laboral y los procesos de contratación equitativa y ética que permiten a los migrantes cambiar de empleador y modificar las condiciones o la duración de su estancia con mínimos trámites administrativos, promoviendo al mismo tiempo mayores oportunidades para el trabajo decente y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y del trabajo;
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h) Adoptar medidas que prohíban confiscar los contratos de trabajo y los documentos de viaje o identidad de los migrantes o retenérselos sin su consentimiento, a fin de evitar abusos y cualquier forma de explotación, trabajo forzoso, obligatorio o infantil, extorsión y otras situaciones de dependencia, y para que los migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos humanos;
i) Otorgar a los trabajadores migrantes que tienen empleos remunerados y contratos de trabajo los mismos derechos y protección laborales de que gozan todos los trabajadores del sector correspondiente, como el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, a la libertad de reunión y asociación pacíficas, y al máximo nivel posible de salud física y mental, incluso mediante mecanismos de protección salarial, el diálogo social y la afiliación a un sindicato;
j) Velar por que los migrantes que trabajan en el sector informal de la economía puedan acceder sin riesgo a mecanismos eficaces de denuncia y recurso en caso de que sufran explotación, abusos o violaciones de sus derechos en el lugar de trabajo, de tal manera que no se exacerbe la vulnerabilidad de los migrantes que denuncian esos incidentes y puedan participar en los correspondientes procedimientos jurídicos, ya sea en el país de origen o en el de destino;
k) Revisar la legislación laboral y las políticas y programas de empleo nacionales pertinentes para que tengan en cuenta las necesidades y contribuciones específicas de las trabajadoras migrantes, especialmente en el trabajo doméstico y las ocupaciones menos cualificadas, y adoptar medidas concretas para evitar cualquier forma de explotación y abuso, incluida la violencia sexual y de género, denunciar y abordar esos casos y proporcionar vías efectivas de recurso, como base para promover las políticas de movilidad laboral con perspectiva de género;
l) Desarrollar y mejorar las políticas y los programas nacionales relativos a la movilidad laboral, en particular teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de los Principios Generales y Directrices Prácticas de la OIT relativos a la Contratación Equitativa, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el Sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS) de la OIM.
Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración
23. Nos comprometemos a responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que pueden derivarse de las circunstancias en que viajan o de las condiciones a que se enfrentan en los países de origen, tránsito y destino, prestándoles asistencia y protegiendo sus derechos humanos, de conformidad con nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional. Nos comprometemos además a defender en todo momento el interés superior del niño como consideración primordial en las situaciones que afectan a menores, y aplicar un enfoque con perspectiva de género al abordar la vulnerabilidad, incluso al responder a las corrientes migratorias mixtas.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Examinar las políticas y prácticas pertinentes para asegurarnos de que no creen, exacerben ni aumenten involuntariamente la vulnerabilidad de los migrantes, incluso aplicando un enfoque basado en los derechos humanos que tenga en cuenta el género y la discapacidad, así como las cuestiones relacionadas con la edad y la infancia;
b) Establecer políticas integrales y alianzas que proporcionen a los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, independientemente de su estatus migratorio, el apoyo necesario en todas las etapas de la migración, mediante la identificación y la asistencia, así como la protección de sus derechos humanos, en
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particular cuando se trate de mujeres que corren riesgo, menores, especialmente los no acompañados o separados de sus familias, miembros de minorías étnicas y religiosas, víctimas de la violencia, incluida la violencia sexual y de género, personas de edad, personas con discapacidad, personas discriminadas por cualquier motivo, pueblos indígenas, trabajadores que sufren explotación y abusos sexuales, trabajadores domésticos, víctimas de la trata de personas y migrantes que sufren explotación y abusos en el contexto del tráfico ilícito de migrantes;
c) Elaborar políticas migratorias con perspectiva de género para responder a las necesidades y vulnerabilidades particulares de las mujeres, las niñas y los niños migrantes, por ejemplo, mediante asistencia, atención sanitaria y servicios de asesoramiento psicológico y de otro tipo, y acceso a la justicia y a vías de recurso eficaces, especialmente en los casos de violencia, abusos y explotación sexuales y por razón de género;
d) Examinar la legislación laboral y las condiciones de trabajo vigentes para detectar y abordar eficazmente las vulnerabilidades y abusos en el lugar de trabajo que sufren los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación, incluidos los trabajadores domésticos y quienes trabajan en el sector informal de la economía, en cooperación con los interesados pertinentes, en particular el sector privado;
e) Tener en cuenta a los menores migrantes en los sistemas nacionales de protección infantil estableciendo procedimientos sólidos para la protección de los menores migrantes en los correspondientes procesos y decisiones legislativos, administrativos y judiciales, y en todos los programas y políticas de migración que afecten a menores, incluidas las políticas y servicios de protección consular, así como los marcos de cooperación transfronteriza, a fin de que el interés superior del niño se integre debidamente y se interprete y aplique de manera coherente en la coordinación y cooperación con las autoridades de protección infantil;
f) Proteger a los menores no acompañados y separados en todas las etapas de la migración mediante el establecimiento de procedimientos especiales para identificarlos, derivarlos y prestarles cuidados y reunificar a las familias, y darles acceso a los servicios de atención sanitaria, incluida la salud mental, la educación, la asistencia jurídica y el derecho a ser escuchado en los procesos administrativos y judiciales, incluso designando cuanto antes a un tutor legal competente e imparcial, como medio esencial para hacer frente a su particular vulnerabilidad y discriminación, protegerlos de todas las formas de violencia y facilitar el acceso a soluciones sostenibles que tengan en cuenta su interés superior;
g) Velar por que los migrantes puedan contar con asistencia y representación jurídica, ya sea pública o independiente, pero asequible, en los procedimientos judiciales que les afecten, incluso durante cualquier audiencia judicial o administrativa conexa, para que en todas partes se reconozca que todos los migrantes son personas ante la ley y para que la administración de justicia sea imparcial y no discrimine;
h) Establecer procedimientos accesibles y expeditivos que faciliten la transición de un estatus a otro e informar a los migrantes de sus derechos y obligaciones, a fin de evitar que se conviertan en migrantes irregulares en el país de destino, reducir la precariedad del estatus y la vulnerabilidad que esto conlleva, y facilitar la evaluación individual del estatus de los migrantes, incluidos los que antes tenían estatus regular, sin temor a la expulsión arbitraria;
i) Aprovechar las prácticas existentes para facilitar el acceso de los migrantes irregulares a una evaluación individual que permita regularizar su situación, caso por caso y con criterios claros y transparentes, especialmente cuando se trate de
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niños, jóvenes y familias, como opción para reducir la vulnerabilidad, y para que los Estados puedan mejorar su conocimiento de la población residente;
j) Aplicar medidas de apoyo específicas para que los migrantes atrapados en situaciones de crisis en los países de tránsito y destino tengan acceso a la protección consular y la asistencia humanitaria, incluso facilitando la cooperación transfronteriza y una mayor cooperación internacional, y teniendo en cuenta a las poblaciones migrantes en las actividades de preparación para situaciones de crisis, respuesta de emergencia y acción posterior a la crisis;
k) Recabar la participación de las autoridades locales y los interesados pertinentes para identificar a los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, derivarlos y prestarles asistencia, incluso mediante acuerdos con los órganos nacionales de protección, los proveedores de asistencia y servicios jurídicos, y la intervención de equipos de respuesta móviles, cuando existan;
l) Formular políticas y programas nacionales para mejorar las respuestas de los países a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes que figuran en la publicación del Grupo Mundial sobre Migración titulada Principles and Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable Situations.
Objetivo 8: Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos
24. Nos comprometemos a cooperar en el plano internacional para salvar vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, realizando operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento y estandarizando la recopilación y el intercambio de información pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva de preservar la vida de todos los migrantes de conformidad con el derecho internacional. Nos comprometemos además a identificar a las personas muertas o desaparecidas y a facilitar la comunicación con las familias afectadas.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Establecer procedimientos y acuerdos sobre la búsqueda y el salvamento de migrantes cuyo objetivo primordial sea proteger su derecho a la vida y que prohíban la expulsión colectiva, garanticen el debido proceso y la evaluación individual, aumenten la capacidad de recepción y asistencia, y eviten que se considere ilegal prestar asistencia exclusivamente humanitaria a los migrantes;
b) Examinar los efectos de las políticas y leyes relacionadas con la migración para que no aumenten o creen el riesgo de que los migrantes desaparezcan, incluso determinando qué rutas de tránsito utilizadas por los migrantes son peligrosas, mediante la colaboración con otros Estados y con los interesados y las organizaciones internacionales pertinentes para detectar los riesgos contextuales y establecer mecanismos que permitan prevenir tales situaciones y responder a ellas, prestando particular atención a los menores migrantes, especialmente los no acompañados o separados;
c) Permitir que los migrantes se comuniquen cuanto antes con sus familiares para informarlos de que están vivos facilitando su acceso a los medios de comunicación a lo largo de las rutas migratorias y en su destino final, incluso en los centros de detención, así como el acceso a las misiones consulares, las autoridades locales y las organizaciones que puedan ayudarlos a ponerse en contacto con sus familiares, especialmente cuando se trate de niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados;
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d) Establecer cauces para la coordinación transnacional, incluso mediante la cooperación consular, y designar puntos de contacto para que las familias que busquen a migrantes desaparecidos puedan mantenerse al corriente del estado de la búsqueda y obtener otra información pertinente, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
e) Recopilar, centralizar y sistematizar los datos de los cadáveres y velar por que puedan localizarse tras ser inhumados, de conformidad con las normas forenses aceptadas internacionalmente, y establecer cauces de coordinación a nivel transnacional para facilitar la identificación y el suministro de información a las familias;
f) Hacer todo lo posible, incluso mediante la cooperación internacional, para recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias, y, en el caso de las personas no identificadas, facilitar la identificación y posterior recuperación de los restos mortales, asegurándose de que los restos de los migrantes fallecidos reciban un trato digno, respetuoso y adecuado.
Objetivo 9: Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes
25. Nos comprometemos a intensificar los esfuerzos conjuntos por prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes reforzando la capacidad y aumentando la cooperación internacional para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar el tráfico ilícito de migrantes con miras a poner fin a la impunidad de las redes de traficantes. Nos comprometemos además a velar por que los migrantes no puedan ser enjuiciados penalmente por el hecho de haber sido objeto de tráfico ilícito, sin perjuicio de que puedan ser enjuiciados por otras violaciones del derecho interno. También nos comprometemos a identificar a los migrantes introducidos ilegalmente para proteger sus derechos humanos, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los menores, y ayudando en particular a los migrantes que hayan sido objeto de tráfico ilícito en circunstancias agravantes, de conformidad con el derecho internacional.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promover la ratificación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la adhesión a dicho Protocolo y su aplicación;
b) Utilizar mecanismos transnacionales, regionales y bilaterales para intercambiar información y datos de inteligencia pertinentes sobre las rutas de tráfico ilícito, el modus operandi y las transacciones financieras de las redes de traficantes, la vulnerabilidad de los migrantes que son objeto de tráfico ilícito y otros datos para desarticular las redes de traficantes y mejorar las respuestas conjuntas;
c) Establecer a lo largo de las rutas migratorias protocolos de cooperación con perspectiva de género e infantil que detallen los pasos que deben seguirse para identificar y ayudar adecuadamente a los migrantes que son objeto de tráfico ilícito, de conformidad con el derecho internacional, así como para facilitar la cooperación transfronteriza de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia a fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes con el objetivo de poner fin a la impunidad de los traficantes y prevenir la migración irregular, velando al mismo tiempo por que las medidas de lucha contra el tráfico respeten plenamente los derechos humanos;
d) Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito el tráfico ilícito de migrantes cuando sea intencionado y tenga por fin reportar, directa o indirectamente, beneficios económicos u otros beneficios
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materiales al traficante, y castigar con penas más graves el tráfico ilícito de migrantes en circunstancias agravantes, de conformidad con el derecho internacional;
e) Diseñar, revisar o modificar las políticas y procedimientos pertinentes para distinguir entre el delito de tráfico ilícito de migrantes y el de trata de personas utilizando las definiciones correctas y respondiendo de manera distinta a estos dos delitos diferentes, pero reconociendo que los migrantes que son objeto de tráfico ilícito también pueden convertirse en víctimas de la trata de personas, por lo que necesitan protección y asistencia adecuadas;
f) Adoptar medidas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes a lo largo del ciclo migratorio, en colaboración con otros Estados y los interesados pertinentes, entre otras cosas, mediante la cooperación en los ámbitos del desarrollo, la información pública, la justicia, y la formación y la creación de capacidad técnica a nivel nacional y local, prestando especial atención a las zonas geográficas de donde sistemáticamente procede la migración irregular.
Objetivo 10: Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional
26. Nos comprometemos a adoptar medidas legislativas o de otra índole para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional reforzando la capacidad y aumentando la cooperación internacional para investigar, enjuiciar y castigar la trata de personas, desalentando la demanda que fomenta la explotación conducente a la trata, y poniendo fin a la impunidad de las redes de trata. Nos comprometemos además a mejorar la identificación y protección de los migrantes que han sido víctimas de la trata y prestarles más asistencia, teniendo en cuenta especialmente a las mujeres y los menores.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promover la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la adhesión a dicho Protocolo y su aplicación;
b) Promover la aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas y tener en cuenta las recomendaciones pertinentes del Manual para la lucha contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otros documentos pertinentes de la UNODC al formular y aplicar políticas y medidas nacionales y regionales relativas a la trata de personas;
c) Vigilar las rutas de migración irregular que puedan ser aprovechadas por las redes de trata de personas para reclutar y victimizar a los migrantes irregulares o introducidos ilegalmente, a fin de reforzar la cooperación bilateral, regional e interregional en materia de prevención, y para investigar y enjuiciar a los perpetradores e identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas y prestarles asistencia;
d) Compartir la información y los datos de inteligencia pertinentes mediante mecanismos transnacionales y regionales, en particular sobre el modus operandi, los modelos económicos y las condiciones que fomentan las redes de trata, fortalecer la cooperación entre todas las instancias competentes, como las unidades de inteligencia financiera, los reguladores y las instituciones financieras, para detectar e interrumpir las corrientes financieras relacionadas con la trata de personas, e intensificar la cooperación judicial y la aplicación de la ley para asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad;
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e) Aplicar medidas que aborden las vulnerabilidades particulares de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que se han convertido o corren el riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas y otras formas de explotación, independientemente de su estatus migratorio, facilitando su acceso a la justicia y a la posibilidad de denunciar sin temor a ser detenidos, deportados o castigados, centrándose en la prevención, la identificación y la protección y asistencia apropiadas, y haciendo frente a formas específicas de abuso y explotación;
f) Asegurarnos de que las definiciones de trata de personas utilizadas en la legislación, las políticas y la planificación en materia de migración, así como en los enjuiciamientos, sean acordes con el derecho internacional, a fin de distinguir el delito de trata de personas del de tráfico ilícito de migrantes;
g) Reforzar la legislación y los procedimientos pertinentes para mejorar el enjuiciamiento de los tratantes, evitar que se criminalice a los migrantes que son víctimas de la trata de personas por delitos relacionados con la trata, y velar por que las víctimas reciban protección y asistencia adecuadas sin que para ello deban cooperar con las autoridades en contra de los presuntos tratantes;
h) Proporcionar a los migrantes que se han convertido en víctimas de la trata de personas protección y asistencia, por ejemplo, tomando medidas para su recuperación física, psicológica y social, así como medidas que les permitan permanecer en el país de destino, temporal o permanentemente, cuando proceda, facilitando el acceso de las víctimas a la justicia, incluidas las vías de recurso y reparación, de conformidad con el derecho internacional;
i) Crear sistemas de información y programas de capacitación nacionales y locales que alerten y eduquen a los ciudadanos, los empleadores, los funcionarios públicos y los agentes del orden, y aumentar la capacidad de detectar indicios de trata de personas, como el trabajo forzado, obligatorio o infantil, en los países de origen, tránsito y destino;
j) Invertir en campañas para concienciar a los migrantes y posibles migrantes sobre los riesgos y peligros de la trata de personas, en colaboración con los interesados pertinentes, y proporcionarles información sobre la manera de prevenir y denunciar las actividades de trata.
Objetivo 11: Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada
27. Nos comprometemos a gestionar nuestras fronteras nacionales de manera coordinada, promoviendo la cooperación bilateral y regional, garantizando la seguridad de los Estados, las comunidades y los migrantes, y facilitando la circulación transfronteriza de personas de manera segura y regular, evitando al mismo tiempo la migración irregular. Nos comprometemos además a aplicar políticas de gestión de las fronteras que respeten la soberanía nacional, el estado de derecho, las obligaciones en virtud del derecho internacional y los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, que no sean discriminatorias y que tengan en cuenta la perspectiva de género e infantil.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Mejorar la cooperación internacional, regional e interregional en la gestión de las fronteras, teniendo en cuenta la situación particular de los países de tránsito, para identificar debidamente a los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad en fronteras internacionales o cerca de ellas, derivarlos de manera oportuna y eficiente, y brindarles asistencia y protección adecuadas, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, adoptando enfoques pangubernamentales, impartiendo capacitación transfronteriza conjunta y fomentando las medidas de desarrollo de la capacidad;
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b) Establecer estructuras y mecanismos apropiados para una gestión integrada y eficaz de las fronteras velando por que existan procedimientos exhaustivos y eficientes para el cruce de la frontera, incluso mediante la verificación de los antecedentes de las personas antes de su llegada, la notificación previa por los transportistas de pasajeros y el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, pero defendiendo el principio de no discriminación, respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
c) Examinar y revisar los procedimientos nacionales pertinentes de verificación en las fronteras, y los procesos de evaluación individual y entrevistas para garantizar que se cumpla el debido proceso en las fronteras internacionales y que todos los migrantes reciban un trato acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, incluso mediante la cooperación con las instituciones nacionales de derechos humanos y otros interesados pertinentes;
d) Concertar acuerdos de cooperación técnica que permitan a los Estados solicitar y ofrecer activos, equipo y otra asistencia técnica para reforzar la gestión de las fronteras, particularmente en cuanto a las actividades de búsqueda y salvamento, así como en otras situaciones de emergencia;
e) Velar por que, cuando un menor no acompañado o separado cruce una frontera internacional, se informe y asigne lo antes posible a las autoridades de protección infantil para que participen en los procedimientos de determinación del interés superior del niño, de conformidad con el derecho internacional, incluso impartiendo a los funcionarios de fronteras formación sobre los derechos del niño y los procedimientos con perspectiva infantil, como los que impiden separar a las familias y permiten la reunificación familiar si se produce la separación;
f) Examinar y revisar las leyes y reglamentos pertinentes para determinar si conviene sancionar la entrada o la estancia irregulares y, de ser así, velar por que las sanciones sean proporcionadas, equitativas, no discriminatorias y plenamente coherentes con las garantías procesales y otras obligaciones dimanantes del derecho internacional;
g) Mejorar la colaboración transfronteriza entre los Estados vecinos y otros Estados respecto del trato dispensado a las personas que cruzan o tratan de cruzar fronteras internacionales, incluso teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acerca de los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos en las Fronteras Internacionales a la hora de determinar las mejores prácticas.
Objetivo 12: Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación
28. Nos comprometemos a aumentar la certidumbre y previsibilidad jurídica de los procedimientos migratorios estableciendo y fortaleciendo mecanismos eficaces basados en los derechos humanos que permitan verificar los antecedentes de todos los migrantes y evaluarlos individualmente de manera adecuada y oportuna con el fin de determinar los procedimientos de derivación apropiados y facilitar el acceso a ellos, de conformidad con el derecho internacional.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Aumentar la transparencia y la accesibilidad de los procedimientos migratorios comunicando los requisitos necesarios para la entrada, admisión, estancia, trabajo, estudio u otras actividades, e introduciendo tecnologías que simplifiquen los procedimientos de solicitud para evitar a los Estados y los migrantes demoras y gastos innecesarios;
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b) Preparar e impartir capacitación intrarregional e interregional especializada sobre derechos humanos y aspectos relacionados con el trauma para los equipos de respuesta inicial y los funcionarios gubernamentales, incluidas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los funcionarios de fronteras, los representantes consulares y los órganos judiciales, a fin de facilitar y estandarizar la identificación y derivación de las víctimas de la trata de personas, los migrantes en situación de vulnerabilidad, incluidos los menores, en particular los no acompañados o separados, y las personas afectadas por cualquier forma de explotación y abusos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes en circunstancias agravantes, así como la prestación a esas personas de asistencia y asesoramiento apropiados teniendo en cuenta las diferencias culturales;
c) Establecer mecanismos de derivación con perspectiva de género e infantil, incluidas mejores medidas de verificación de antecedentes y evaluación individual en las fronteras y el lugar de llegada, aplicando procedimientos operativos estandarizados en coordinación con las autoridades locales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil;
d) Velar por que los menores migrantes sean identificados lo antes posible en el lugar de llegada a los países de tránsito y destino y por que los menores no acompañados o separados sean derivados rápidamente a las autoridades de protección infantil y otros servicios pertinentes, y por que se les designe un tutor legal competente e imparcial, se proteja la unidad familiar y cualquier persona que afirme legítimamente que es menor sea tratada como tal a menos que se determine que tiene más edad mediante una evaluación multidisciplinar, independiente y con perspectiva infantil;
e) Velar por que, en el contexto de las corrientes migratorias mixtas, se comunique de manera adecuada, oportuna, eficaz y accesible la información pertinente sobre los derechos y obligaciones con arreglo a las leyes y procedimientos nacionales, incluidos los requisitos necesarios para la entrada y la estancia, las formas de protección disponibles y las opciones existentes para el regreso y la reintegración.
Objetivo 13: Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas
29. Nos comprometemos a garantizar que cualquier detención en el contexto de la migración internacional cumpla las garantías procesales, no sea arbitraria, se base en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual, esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible, independientemente de que se produzca en el momento de la entrada, en tránsito o en el proceso de regreso, y del tipo de lugar donde ocurra. Nos comprometemos además a dar prioridad a las alternativas no privativas de libertad acordes con el derecho internacional, y a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos respecto de cualquier detención de los migrantes, utilizando la detención únicamente como último recurso.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Utilizar los mecanismos de derechos humanos que existan y sean pertinentes para mejorar la vigilancia independiente de la detención de migrantes, velando por que esta medida se aplique solo como último recurso y no entrañe violaciones de los derechos humanos, y por que los Estados promuevan, implementen y amplíen las alternativas a la detención, favoreciendo las medidas no privativas de libertad y las modalidades de atención comunitaria, especialmente en el caso de las familias y los menores;
b) Consolidar un repositorio exhaustivo para difundir las mejores prácticas de las alternativas a la detención basadas en los derechos humanos en el contexto de la migración internacional, incluso facilitando los intercambios periódicos entre los
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Estados y entre los Estados y las partes interesadas pertinentes, y las iniciativas conjuntas emprendidas teniendo en cuenta las mejores prácticas;
c) Examinar y revisar las leyes, políticas y prácticas pertinentes relativas a la detención de inmigrantes para velar por que los migrantes no sean detenidos arbitrariamente y por que la decisión de detenerlos se base en la ley, sea proporcionada, tenga un propósito legítimo y se tome a título individual, respetando plenamente las garantías procesales y los procedimientos reglamentarios, y por que no se promueva la detención de inmigrantes como medida disuasoria ni se utilice como forma de trato cruel, inhumano o degradante de los migrantes, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos;
d) Proporcionar acceso a la justicia en los países de tránsito y destino a todos los migrantes que sean o puedan ser detenidos, incluso facilitando el acceso gratuito o asequible al asesoramiento y la asistencia jurídica de un abogado cualificado e independiente, así como el acceso a la información y el derecho a que se revise periódicamente la orden de detención;
e) Velar por que se informe a todos los migrantes detenidos de los motivos de su detención, en un idioma que comprendan, y facilitar el ejercicio de sus derechos, como el derecho a comunicarse sin demora con las respectivas misiones consulares o diplomáticas y con sus representantes legales y sus familiares, de conformidad con el derecho internacional y las debidas garantías procesales;
f) Mitigar las consecuencias negativas y potencialmente duraderas que la detención puede tener para los migrantes garantizando el debido proceso y la proporcionalidad, velando por que la detención dure lo menos posible y no ponga en peligro la integridad física y mental de las personas, y por que, como mínimo, se les permita disponer de alimentación, atención sanitaria básica, orientación y asistencia jurídica, información y comunicación, así como un alojamiento adecuado, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos;
g) Velar por que todas las autoridades gubernamentales y las instancias privadas que se encargan de administrar los centros de detención de inmigrantes lo hagan de manera compatible con los derechos humanos y tengan formación sobre la no discriminación y la prevención de las detenciones arbitrarias y la detención en el contexto de la migración internacional, y rindan cuentas de las violaciones o abusos contra los derechos humanos;
h) Proteger y respetar en todo momento los derechos y el interés superior del niño, independientemente de su estatus migratorio, asegurando la disponibilidad y accesibilidad de diversas alternativas viables a la detención en contextos no privativos de libertad, en especial las modalidades de atención comunitaria, que garanticen el acceso a la educación y la atención sanitaria y respeten el derecho del menor a la vida familiar y la unidad de la familia, y procurando poner fin a la práctica de la detención de menores en el contexto de la migración internacional.
Objetivo 14: Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio
30. Nos comprometemos a reforzar la protección y la asistencia consular brindada a nuestros nacionales en el extranjero, así como la cooperación consular entre los Estados, con el fin de salvaguardar mejor los derechos e intereses de todos los migrantes en todo momento, y a aprovechar las funciones de las misiones consulares para mejorar la interacción entre los migrantes y las autoridades estatales de los países de origen, tránsito y destino, de conformidad con el derecho internacional.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
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a) Cooperar para desarrollar la capacidad consular, formar a los funcionarios consulares, promover acuerdos para prestar colectivamente servicios consulares cuando los Estados no tengan capacidad suficiente, incluso mediante asistencia técnica, y concertar acuerdos bilaterales o regionales sobre diversos aspectos de la cooperación consular;
b) Recabar la participación del personal competente de los servicios consulares y de inmigración en los foros mundiales y regionales que existen sobre la migración, a fin de intercambiar información y mejores prácticas sobre cuestiones de interés mutuo que atañen a los ciudadanos en el extranjero y contribuir a la formulación de políticas migratorias integrales y con base empírica;
c) Concertar acuerdos bilaterales o regionales sobre la asistencia y la representación consular en aquellos lugares donde los Estados deseen aumentar la eficacia de los servicios consulares relacionados con la migración, pero no tengan presencia diplomática o consular;
d) Fortalecer las capacidades consulares a fin de identificar, proteger y ayudar a nuestros nacionales en el extranjero cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, en particular a las víctimas de violaciones o abusos contra los derechos humanos y laborales, las víctimas de la delincuencia, las víctimas de la trata de personas, los migrantes que son objeto de tráfico ilícito en circunstancias agravantes y los trabajadores migrantes explotados en el proceso de contratación, impartiendo a los funcionarios consulares formación sobre la aplicación a este respecto de medidas basadas en los derechos humanos y con perspectiva de género e infantil;
e) Proporcionar a nuestros nacionales en el extranjero la oportunidad de inscribirse en el país de origen, en estrecha cooperación con las autoridades consulares, nacionales y locales, y con las correspondientes organizaciones de migrantes, como medio de facilitar información, servicios y asistencia a los migrantes en situaciones de emergencia y velar por que los migrantes puedan obtener información pertinente y oportuna, por ejemplo, estableciendo líneas telefónicas de ayuda y consolidando las bases de datos digitales nacionales, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
f) Prestar asistencia consular a nuestros nacionales ofreciéndoles asesoramiento, en particular sobre las leyes y costumbres locales, la interacción con las autoridades, la inclusión financiera y la creación de empresas, y expidiéndoles la documentación pertinente, como documentos de viaje y documentos consulares de identidad que puedan facilitar su acceso a los servicios, la asistencia en situaciones de emergencia, la apertura de cuentas bancarias y la utilización de servicios de remesas.
Objetivo 15: Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos
31. Nos comprometemos a velar por que todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan ejercer sus derechos humanos accediendo a los servicios básicos en condiciones de seguridad. Nos comprometemos además a reforzar los sistemas que prestan servicios inclusivos a los migrantes, sin perjuicio de que los nacionales y los migrantes en situación regular puedan tener derecho a servicios más amplios, asegurando al mismo tiempo que cualquier trato diferenciado se base en la ley, sea proporcionado y persiga un propósito legítimo, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promulgar leyes y adoptar medidas para garantizar que en la prestación de servicios no se discrimine a los migrantes por su raza, color, sexo, idioma, religión,
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opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad u otros motivos, sin perjuicio de que en algunos casos se presten diferentes servicios en función del estatus migratorio;
b) Asegurar que la cooperación entre los proveedores de servicios y las autoridades de inmigración no exacerbe la vulnerabilidad de los migrantes irregulares comprometiendo su acceso sin riesgo a los servicios básicos o vulnerando ilícitamente el derecho de la persona a la privacidad y a la libertad y la seguridad física en los centros donde se presten servicios básicos;
c) Establecer y fortalecer puntos locales de prestación de servicios integrales y fácilmente accesibles que incluyan a los migrantes y ofrezcan información pertinente sobre los servicios básicos con perspectiva de género, teniendo en cuenta la discapacidad y con perspectiva infantil, y facilitar el acceso a ellos sin riesgo;
d) Establecer instituciones nacionales o locales independientes, como las instituciones nacionales de derechos humanos, para que se encarguen de la recepción, investigación y seguimiento de las denuncias sobre situaciones en que se niegue u obstaculice sistemáticamente el acceso de los migrantes a los servicios básicos, faciliten el acceso a vías de recurso y procuren lograr un cambio en la práctica, o encomendar esas funciones a dichas instituciones cuando ya existan;
e) Incorporar las necesidades sanitarias de los migrantes en las políticas y los planes de salud nacionales y locales, por ejemplo, reforzando la capacidad de prestar servicios, facilitando el acceso asequible y sin discriminación, reduciendo las barreras que dificultan la comunicación y formando a los proveedores de atención sanitaria para que presten servicios teniendo en cuenta las diferencias culturales, a fin de promover la salud física y mental de los migrantes y las comunidades en general, entre otras cosas, tomando en consideración las recomendaciones pertinentes del Marco de Prioridades y Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud para Promover la Salud de los Refugiados y los Migrantes;
f) Proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad a los niños y jóvenes migrantes, y facilitar el acceso a oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, por ejemplo, aumentando la capacidad de los sistemas educativos y facilitando el acceso sin discriminación al desarrollo de la primera infancia, la enseñanza académica, los programas de educación no académica para los menores que no puedan acceder al sistema académico, la formación profesional y en el empleo, y la formación técnica y lingüística, y fomentando las alianzas con todas las partes interesadas que puedan apoyar esta labor.
Objetivo 16: Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social
32. Nos comprometemos a fomentar la inclusividad y cohesión de las sociedades empoderando a los migrantes para que se conviertan en miembros activos de la sociedad y promoviendo la interacción de las comunidades receptoras y los migrantes en el ejercicio de sus derechos y obligaciones recíprocos, incluido el cumplimiento de la legislación nacional y el respeto de las costumbres del país de destino. Nos comprometemos además a aumentar el bienestar de todos los miembros de la sociedad minimizando las disparidades, evitando la polarización y fomentando la confianza de la población en las políticas e instituciones relacionadas con la migración, pues reconocemos que los migrantes plenamente integrados están en mejores condiciones de contribuir a la prosperidad.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promover el respeto mutuo de las culturas, tradiciones y costumbres de las comunidades de destino y de los migrantes mediante el intercambio y aplicación de
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mejores prácticas sobre políticas, programas y actividades de integración, incluidas las formas de fomentar la aceptación de la diversidad y facilitar la cohesión e inclusión social;
b) Establecer programas integrales en función de las necesidades para ofrecer información antes de la partida y después de la llegada sobre temas como los derechos y obligaciones, así como cursos básicos de idiomas y orientación sobre las normas y costumbres sociales del país de destino;
c) Fijar objetivos normativos a corto, medio y largo plazo sobre la inclusión de los migrantes en las sociedades, incluida la integración en el mercado de trabajo, la reunificación familiar, la educación, la no discriminación y la salud, incluso fomentando la colaboración con los interesados pertinentes;
d) Procurar que los mercados de trabajo sean inclusivos y que los trabajadores migrantes participen plenamente en la economía formal facilitando el acceso al empleo y el trabajo decente para los más cualificados, en función de la demanda y la oferta de aptitudes del mercado de trabajo local y nacional;
e) Empoderar a las mujeres migrantes eliminando las restricciones del empleo en el sector formal que discriminan por razón de género, garantizando el derecho a la libertad de asociación y facilitando el acceso a los servicios básicos pertinentes, como medio de promover su liderazgo y asegurar su plena, libre e igual participación en la sociedad y la economía;
f) Establecer centros o programas comunitarios a nivel local para facilitar la participación de los migrantes en la sociedad receptora procurando que los migrantes, los miembros de la comunidad, las organizaciones de la diáspora, las asociaciones de migrantes y las autoridades locales participen en el diálogo intercultural, el intercambio de experiencias, los programas de mentoría y la creación de vínculos empresariales que mejoren los resultados de la integración y fomenten el respeto mutuo;
g) Aprovechar las aptitudes y la competencia cultural y lingüística de los migrantes y las comunidades receptoras estableciendo y promoviendo intercambios para la capacitación entre pares, y cursos y talleres de formación profesional e integración cívica con perspectiva de género;
h) Apoyar actividades multiculturales a través de los deportes, la música, el arte, los festivales gastronómicos, el voluntariado y otros eventos sociales que contribuyan a que los migrantes y las comunidades de destino comprendan y aprecien mutuamente sus respectivas culturas;
i) Promover entornos escolares que sean acogedores y seguros, y apoyar las aspiraciones de los menores migrantes mejorando las relaciones dentro de la comunidad escolar, incorporando en los planes de estudios información con base empírica sobre la migración y dedicando a las escuelas con gran concentración de menores migrantes recursos específicos para realizar actividades de integración que sirvan para promover el respeto de la diversidad y la inclusión y prevenir todas las formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
Objetivo 17: Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración
33. Nos comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación y a condenar y combatir las expresiones, los actos y las manifestaciones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra todos los migrantes, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
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Nos comprometemos además a promover, en colaboración con todos los sectores de la sociedad, un discurso público abierto y con base empírica sobre la migración y los migrantes que genere una percepción más realista, humana y constructiva a este respecto. Nos comprometemos también a proteger la libertad de expresión de conformidad con el derecho internacional, reconociendo que el debate abierto y libre contribuye a la comprensión cabal de todos los aspectos de la migración.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Promulgar, aplicar o mantener leyes que penalicen los delitos motivados por prejuicios y los delitos motivados por prejuicios con agravantes cometidos contra los migrantes, y formar a los agentes del orden y otros funcionarios públicos para detectar y prevenir esos delitos y responder a ellos, así como a otros actos de violencia dirigidos contra los migrantes, y para proporcionar asistencia médica, jurídica y psicosocial a las víctimas;
b) Empoderar a los migrantes y las comunidades para que denuncien cualquier acto de incitación a la violencia contra los migrantes informándolos de los mecanismos de recurso disponibles, y velar por que quienes participen activamente en la comisión de un delito motivado por prejuicios contra los migrantes rindan cuentas de sus actos, de conformidad con la legislación nacional, pero respetando al mismo tiempo el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión;
c) Promover un periodismo independiente, objetivo y de calidad en los medios de comunicación, incluida la información publicada en Internet, por ejemplo, sensibilizando y educando a los profesionales de los medios informativos sobre las cuestiones y la terminología relacionadas con la migración, invirtiendo en normas y publicidad sobre la ética del periodismo, y dejando de asignar fondos públicos o apoyo material a los medios de difusión que promuevan sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación contra los migrantes, pero respetando plenamente la libertad de los medios de comunicación;
d) Establecer mecanismos para prevenir y detectar la utilización de perfiles raciales, étnicos y religiosos de los migrantes por las autoridades públicas, así como los casos sistemáticos de intolerancia, xenofobia, racismo y todas las demás formas múltiples e interseccionales de discriminación, y darles respuesta, en colaboración con las instituciones nacionales de derechos humanos, incluso realizando y publicando análisis de tendencias, y garantizando el acceso a mecanismos eficaces de denuncia y recurso;
e) Proporcionar a los migrantes, en especial las mujeres, acceso a mecanismos nacionales y regionales de denuncia y recurso para promover la rendición de cuentas y abordar las acciones gubernamentales relacionadas con actos y manifestaciones de discriminación contra los migrantes y sus familias;
f) Promover campañas de concienciación con base empírica y factual dirigidas a las comunidades de origen, tránsito y destino para influir en la percepción pública de las contribuciones positivas que se derivan de la migración segura, ordenada y regular, y para poner fin al racismo, la xenofobia y la estigmatización contra todos los migrantes;
g) Recabar la participación de los migrantes y los líderes políticos, religiosos y comunitarios, así como los educadores y los proveedores de servicios, para detectar y prevenir los incidentes de intolerancia, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación contra los migrantes y las diásporas, y apoyar la realización de actividades en las comunidades locales para promover el respeto mutuo, incluso en el contexto de las campañas electorales.
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Objetivo 18: Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias
34. Nos comprometemos a invertir en soluciones innovadoras que faciliten el reconocimiento mutuo de las aptitudes, cualificaciones y competencias de los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación, y promuevan el desarrollo de aptitudes en función de la demanda para optimizar la empleabilidad de los migrantes en los mercados de trabajo formales de los países de destino y en los países de origen a su regreso, así como para asegurar el trabajo decente en la migración laboral.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Elaborar normas y directrices para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones extranjeras y las aptitudes adquiridas informalmente en diferentes sectores, en colaboración con las respectivas industrias, con miras a garantizar la compatibilidad mundial a partir de los modelos y mejores prácticas existentes;
b) Promover la transparencia de las certificaciones y la compatibilidad de los marcos nacionales de cualificación acordando criterios, indicadores y parámetros de evaluación estandarizados, y creando y reforzando instrumentos, registros o instituciones nacionales para la elaboración de perfiles profesionales con el fin de facilitar la aplicación de procedimientos efectivos y eficientes de reconocimiento mutuo en todos los niveles de cualificación;
c) Concertar acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales de reconocimiento mutuo o incluir disposiciones al respecto en otros acuerdos, como los relativos a la movilidad laboral o los acuerdos comerciales, a fin de incluir funciones de comparabilidad o equivalencia en los sistemas nacionales, por ejemplo, mediante mecanismos de reconocimiento mutuo automático o gestionado;
d) Hacer uso de la tecnología y la digitalización para evaluar y reconocer mutuamente las aptitudes de manera más completa a partir de las credenciales formales y de las competencias adquiridas informalmente y la experiencia profesional en todos los niveles de cualificación;
e) Forjar entre los países alianzas de colaboración sobre aptitudes internacionales que aumenten la capacidad de formación de las autoridades nacionales y los interesados pertinentes, incluidos el sector privado y los sindicatos, y fomentar el desarrollo de las aptitudes de los trabajadores en los países de origen y de los migrantes en los países de destino, con miras a preparar a las personas contratadas en prácticas para la empleabilidad en los mercados laborales de todos los países participantes;
f) Promover redes interinstitucionales y programas de colaboración para forjar alianzas entre el sector privado y las instituciones educativas en los países de origen y destino a fin de ofrecer oportunidades de desarrollo de aptitudes mutuamente beneficiosas para los migrantes, las comunidades y los asociados participantes, incluso aprovechando las mejores prácticas del Mecanismo Empresarial establecido en el contexto del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo;
g) Participar, en cooperación con los interesados pertinentes, en alianzas y programas bilaterales que promuevan el desarrollo de aptitudes, la movilidad y la circulación, como programas de intercambio de estudiantes, becas, programas de intercambio profesional y contratos en prácticas o pasantías que ofrezcan a quienes completen satisfactoriamente esos programas la opción de solicitar empleo y realizar actividades empresariales;
h) Cooperar con el sector privado y los empleadores para ofrecer a los migrantes, sea cual sea su cualificación, programas de desarrollo y comparación de aptitudes a distancia o en línea de fácil acceso y con perspectiva de género, incluida
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la enseñanza de idiomas para ocupaciones concretas en una etapa temprana, la capacitación en el empleo y el acceso a programas de formación avanzada, para aumentar su empleabilidad en sectores donde hay demanda de mano de obra, teniendo en cuenta el conocimiento de la dinámica del mercado de trabajo de cada sector, especialmente para promover el empoderamiento económico de las mujeres;
i) Aumentar la capacidad de los trabajadores migrantes para cambiar de trabajo o empleador proporcionando documentación que reconozca las aptitudes adquiridas en el empleo o mediante formación a fin de optimizar los beneficios de la capacitación;
j) Idear y promover formas innovadoras de reconocer y evaluar mutuamente las aptitudes adquiridas formal e informalmente, incluso mediante la capacitación oportuna y complementaria de quienes buscan empleo, las mentorías y los programas de pasantías, a fin de reconocer plenamente las credenciales y proporcionar certificados de competencia para que puedan validarse los nuevos conocimientos adquiridos;
k) Establecer mecanismos para verificar las credenciales y ofrecer información a los migrantes sobre la manera de conseguir que se evalúen y reconozcan sus aptitudes y cualificaciones antes de la partida, incluso durante los procesos de contratación o poco después de su llegada para mejorar la empleabilidad;
l) Cooperar para promover, junto con los interesados pertinentes, herramientas de documentación e información que permitan reseñar las credenciales de los trabajadores, sus aptitudes y sus cualificaciones reconocidas en los países de origen, tránsito y destino, a fin de que los empleadores puedan evaluar la idoneidad de los trabajadores migrantes durante los procesos de solicitud de empleo.
Objetivo 19: Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países
35. Nos comprometemos a empoderar a los migrantes y las diásporas para catalizar sus contribuciones al desarrollo y aprovechar los beneficios de la migración como fuente de desarrollo sostenible, reafirmando que la migración es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito y destino.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Asegurar la aplicación plena y efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba fomentando y facilitando los efectos positivos de la migración para la realización de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
b) Integrar la migración en la planificación del desarrollo y las políticas sectoriales a nivel local, nacional, regional y mundial, teniendo en cuenta las directrices y recomendaciones normativas pertinentes, como la publicación del Grupo Mundial sobre Migración titulada Mainstreaming Migration into Development Planning: A Handbook for Policymakers and Practitioners, a fin de aumentar la coherencia de las políticas y la eficacia de la cooperación para el desarrollo;
c) Invertir en la investigación del impacto de las contribuciones no económicas que los migrantes y las diásporas hacen al desarrollo sostenible en los países de origen y destino, como la transferencia de conocimientos y aptitudes, la participación social y cívica y los intercambios culturales, con miras a formular políticas con base empírica y mejorar los debates normativos a nivel mundial;
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d) Facilitar las contribuciones de los migrantes y las diásporas a sus países de origen, incluso estableciendo o fortaleciendo estructuras o mecanismos gubernamentales a todos los niveles, como oficinas o puntos focales dedicados a la diáspora, juntas de asesoramiento normativo sobre la diáspora para que los gobiernos tengan en cuenta el potencial de los migrantes y las diásporas al formular políticas de migración y desarrollo, y puntos focales dedicados a la diáspora en las misiones diplomáticas o consulares;
e) Elaborar programas de apoyo y productos financieros específicos que faciliten las inversiones y el emprendimiento de los migrantes y las diásporas, incluso prestando apoyo administrativo y jurídico para la creación de empresas y concediendo capital inicial, establecer bonos de la diáspora y fondos de desarrollo y fondos de inversión para la diáspora, y organizar ferias comerciales específicas;
f) Proporcionar información y orientación de fácil acceso, incluso mediante plataformas digitales, y mecanismos específicos para que los migrantes y las diásporas puedan aportar, de manera coordinada y eficaz, financiación voluntaria o filantrópica, especialmente durante emergencias humanitarias en sus países de origen, incluso mediante la intervención de las misiones consulares;
g) Posibilitar la participación y el compromiso político de los migrantes en sus países de origen, incluso en los procesos de paz y reconciliación, en las elecciones y en las reformas políticas, por ejemplo, estableciendo censos de votantes para los ciudadanos en el extranjero, y a través de la representación parlamentaria, de conformidad con la legislación nacional;
h) Promover políticas migratorias que optimicen los beneficios que la diáspora reporta a los países de origen y destino y sus comunidades, facilitando modalidades flexibles de viaje, trabajo e inversión con mínimos trámites administrativos, incluso examinando y revisando la reglamentación relativa a los visados, la residencia y la ciudadanía, según proceda;
i) Cooperar con otros Estados, el sector privado y las organizaciones de empleadores, especialmente en ámbitos muy técnicos y de gran demanda, para que los migrantes y las diásporas puedan realizar algunas de sus actividades profesionales y participar en la transferencia de conocimientos desde sus países de origen, sin perder necesariamente su empleo, su estatus de residentes o las prestaciones sociales adquiridas;
j) Forjar alianzas entre las autoridades y las comunidades locales, el sector privado, las diásporas, las asociaciones de oriundos y las organizaciones de migrantes para promover la transferencia de conocimientos y aptitudes entre los países de origen y destino, incluso cartografiando las diásporas y sus aptitudes, como medio de mantener el vínculo entre la diáspora y el país de origen.
Objetivo 20: Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes
36. Nos comprometemos a promover envíos de remesas más rápidos, seguros y económicos desarrollando los entornos normativos y reglamentarios propicios que posibilitan la competencia, regulación e innovación en el mercado de las remesas y ofreciendo programas e instrumentos con perspectiva de género que mejoren la inclusión financiera de los migrantes y sus familias. Nos comprometemos además a optimizar el efecto transformador que las remesas tienen en el bienestar de los trabajadores migrantes y sus familias, así como en el desarrollo sostenible de los países, pero respetando al mismo tiempo el hecho de que las remesas constituyen una fuente importante de capital privado y no pueden equipararse a otras corrientes
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financieras internacionales, como la inversión extranjera directa, la asistencia oficial para el desarrollo u otras fuentes públicas de financiación para el desarrollo.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Elaborar una hoja de ruta para reducir los costos de transacción de las remesas de los migrantes a menos del 3% y eliminar los corredores de remesas cuyo costo supere el 5% para 2030, en consonancia con la meta 10 c) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
b) Promover y apoyar la celebración del Día Internacional de las Remesas Familiares de las Naciones Unidas y el Foro Mundial sobre Remesas, Inversión y Desarrollo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que constituyen una importante plataforma para crear y fortalecer alianzas de colaboración con todos los interesados pertinentes a fin de buscar soluciones innovadoras que permitan transferir las remesas de manera más económica, rápida y segura;
c) Armonizar la reglamentación de los mercados de remesas y aumentar la interoperabilidad de la infraestructura a lo largo de los corredores de remesas velando por que las medidas de lucha contra las corrientes financieras ilícitas y el blanqueo de dinero no obstaculicen el envío de remesas de los migrantes con políticas indebidas, excesivas o discriminatorias;
d) Establecer marcos normativos y regulatorios favorables para promover la competencia y la innovación en el mercado de remesas, eliminar los obstáculos injustificados que impiden que los proveedores de servicios de remesas no bancarios accedan a la infraestructura del sistema de pago, aplicar exenciones o incentivos fiscales a las transferencias de remesas, promover el acceso al mercado de diversos proveedores de servicios, incentivar al sector privado para que amplíe los servicios de remesas y aumentar la seguridad y previsibilidad de las transacciones de poco valor teniendo en cuenta la reducción de riesgos y elaborando una metodología para distinguir las remesas de las corrientes ilícitas, en consulta con los proveedores de servicios de remesas y los reguladores financieros;
e) Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para la transferencia de remesas, como los pagos mediante dispositivos móviles, las herramientas digitales o la banca electrónica, con el fin de reducir costos, aumentar la rapidez y la seguridad, fomentar las transferencias por cauces regulares y abrir vías de distribución con perspectiva de género para las poblaciones desfavorecidas, incluidas las personas del medio rural, las personas con bajos niveles de alfabetización y las personas con discapacidad;
f) Proporcionar información accesible sobre los costos de las transferencias de remesas de los distintos proveedores y cauces, por ejemplo, mediante sitios web de comparación, a fin de aumentar la transparencia y la competencia en el mercado de transferencias de remesas, y promover la alfabetización e inclusión financieras de los migrantes y sus familias mediante la educación y la formación;
g) Elaborar programas e instrumentos para promover las inversiones de los remitentes de remesas en el desarrollo local y el emprendimiento en los países de origen, por ejemplo, mediante mecanismos de subvención de contrapartida, bonos municipales y alianzas con las asociaciones de oriundos, a fin de que el potencial transformador de las remesas vaya más allá de los hogares de los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación;
h) Lograr que las mujeres migrantes puedan acceder a los cursos de alfabetización financiera y los sistemas formales de transferencia de remesas, abrir cuentas bancarias y ser propietarias y administradoras de activos financieros,
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inversiones y empresas para tratar de subsanar las desigualdades entre los géneros y fomentar su participación activa en la economía;
i) Hacer accesibles y desarrollar soluciones bancarias e instrumentos financieros para los migrantes, incluidos los hogares de bajos ingresos y los encabezados por mujeres, como cuentas bancarias que permitan domiciliar los pagos recibidos de los empleadores, cuentas de ahorro, préstamos y créditos en cooperación con el sector de la banca.
Objetivo 21: Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible
37. Nos comprometemos a facilitar el regreso en condiciones de seguridad y dignidad y cooperar al respecto, y a garantizar el debido proceso, la evaluación individual y vías de recurso efectivas, respetando la prohibición de la expulsión colectiva y la devolución de los migrantes cuando corran un riesgo verdadero y previsible de morir o sufrir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, u otros daños irreparables, de conformidad con nuestras obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Nos comprometemos además a velar por que nuestros nacionales sean debidamente recibidos y readmitidos, respetando plenamente el derecho de las personas a regresar a su país y la obligación de los Estados de readmitir a sus propios nacionales. Nos comprometemos también a crear condiciones propicias para la seguridad física, el empoderamiento económico, la inclusión y la cohesión social en las comunidades, a fin de que la reintegración de los migrantes tras regresar a su país de origen sea sostenible.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Formular y aplicar marcos y acuerdos de cooperación bilateral, regional y multilateral, incluidos acuerdos de readmisión, velando por que el regreso y la readmisión de los migrantes a su país se produzca en condiciones de seguridad y dignidad y de plena conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, determinando procedimientos claros y convenidos mutuamente que respeten el debido proceso y garanticen la evaluación individual y la certidumbre jurídica, y asegurándose de que incluyan también disposiciones para facilitar la reintegración sostenible;
b) Promover programas de regreso y reintegración con perspectiva de género e infantil, que podrán incluir apoyo jurídico, social y financiero, garantizando que todos los migrantes que regresen en el contexto de esos programas voluntarios lo hagan efectivamente tras haber dado su consentimiento libre, previo e informado, y que los migrantes que regresen reciban asistencia en su proceso de reintegración mediante una colaboración eficaz, incluso para evitar que se conviertan en desplazados al volver al país de origen;
c) Cooperar para identificar a los nacionales y expedir documentos de viaje a fin de que las personas que no tengan derecho a permanecer legalmente en el territorio de otro Estado puedan regresar y ser readmitidas en condiciones de seguridad y dignidad, estableciendo medios fiables y eficientes para identificar a nuestros propios nacionales, como la inclusión de identificadores biométricos en los registros de población, y digitalizando los sistemas de registro civil, pero respetando plenamente el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales;
d) Fomentar los contactos institucionales entre las autoridades consulares y los funcionarios competentes de los países de origen y destino, y prestar asistencia consular adecuada a los migrantes antes de su regreso facilitando el acceso a la documentación, los documentos de viaje y otros servicios, a fin de que el regreso y la readmisión se produzcan en condiciones de previsibilidad, seguridad y dignidad;
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e) Velar por que el regreso de los migrantes que no tengan derecho a permanecer legalmente en el territorio de otro Estado se produzca en condiciones de seguridad y dignidad y tras una evaluación individual, sea ejecutado por las autoridades competentes mediante una cooperación pronta y efectiva entre los países de origen y destino, y permita que se agoten todas las vías de recurso legal aplicables, de conformidad con las debidas garantías procesales y otras obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos;
f) Establecer o reforzar, en colaboración con los interesados pertinentes, mecanismos nacionales de vigilancia del regreso que hagan recomendaciones independientes sobre la manera de aumentar la rendición de cuentas, a fin de garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes que regresen;
g) Velar por que los procesos de regreso y readmisión de menores se lleven a cabo únicamente cuando se haya determinado el interés superior del niño y tengan en cuenta el derecho a la vida familiar y la unidad de la familia, y por que, durante todo el proceso de regreso, el menor esté acompañado de uno de sus progenitores, un tutor legal o un funcionario especializado a fin de que, cuando los menores regresen al país de origen, se hayan tomado las disposiciones necesarias para recibirlos, atenderlos y reintegrarlos adecuadamente;
h) Facilitar la reintegración sostenible en la vida comunitaria de los migrantes que regresan otorgándoles idéntico acceso a la protección y los servicios sociales, la justicia, la asistencia psicosocial, la formación profesional, las oportunidades de empleo y el trabajo decente, el reconocimiento de las aptitudes adquiridas en el extranjero y los servicios financieros, para aprovechar plenamente su espíritu empresarial, sus capacidades y su capital humano como miembros activos de la sociedad y sus contribuciones al desarrollo sostenible en el país de origen a su regreso;
i) Determinar y atender las necesidades de las comunidades a las que regresan los migrantes incluyendo las correspondientes disposiciones en las estrategias nacionales y locales de desarrollo, la planificación de infraestructuras, las asignaciones presupuestarias y otras decisiones normativas pertinentes y cooperando con las autoridades locales y los interesados pertinentes.
Objetivo 22: Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas
38. Nos comprometemos a prestar asistencia a los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación, para que puedan acceder a la protección social en los países de destino y aprovechar la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas aplicables en sus países de origen o cuando decidan trabajar en otro país.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Establecer o mantener sistemas nacionales de protección social que no discriminen, incluidos niveles mínimos de protección social para los nacionales y los migrantes, en consonancia con la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social, 2012 (núm. 202) de la OIT;
b) Concertar acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales recíprocos de seguridad social sobre la portabilidad de las prestaciones adquiridas por los trabajadores migrantes, sea cual sea su cualificación, que hagan referencia a los niveles mínimos de protección social vigentes en los respectivos Estados y a las prestaciones y disposiciones de seguridad social aplicables, como pensiones, atención sanitaria u otras prestaciones adquiridas, o incorporar esas disposiciones en otros
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acuerdos pertinentes, como los relativos a la migración laboral a largo plazo y temporal;
c) Incorporar disposiciones sobre la portabilidad de las prestaciones y las prestaciones adquiridas en los marcos nacionales de seguridad social, designar puntos focales en los países de origen, tránsito y destino que faciliten la presentación de solicitudes de portabilidad de los migrantes y traten de resolver las dificultades que las mujeres y las personas de edad puedan tener para acceder a la protección social, y crear instrumentos específicos, como fondos de bienestar para los migrantes en los países de origen, que ayuden a los trabajadores migrantes y sus familias.
Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular
39. Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente para cumplir los objetivos y compromisos enunciados en este Pacto Mundial mediante una mayor cooperación internacional, una alianza mundial revitalizada y reafirmando, con espíritu solidario, que es crucial adoptar un enfoque amplio e integrado para facilitar la migración segura, ordenada y regular, y reconociendo que todos somos países de origen, tránsito y destino. Nos comprometemos además a emprender acciones conjuntas para encarar las dificultades con que se encuentre cada país al aplicar el presente Pacto Mundial, subrayando las dificultades concretas que tienen en particular los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de ingresos medianos. Nos comprometemos también a procurar que el Pacto Mundial y los marcos jurídicos y normativos internacionales vigentes se refuercen mutualmente armonizando la aplicación del Pacto Mundial con esos marcos, en especial la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba, teniendo en cuenta que en ellos se reconoce que la migración y el desarrollo sostenible son fenómenos pluridimensionales e interdependientes.
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:
a) Apoyar a otros Estados cuando apliquemos colectivamente el Pacto Mundial, incluso prestando asistencia financiera y técnica, en función de las prioridades, políticas, planes de acción y estrategias nacionales, mediante un enfoque pangubernamental y pansocial;
b) Aumentar la cooperación internacional y regional a fin de acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en las zonas geográficas de donde sistemáticamente procede la migración irregular debido a la constante presencia de factores estructurales como la pobreza, el desempleo, el cambio climático y los desastres, la desigualdad, la corrupción y la mala gobernanza, mediante marcos de cooperación apropiados, alianzas innovadoras y la participación de todos los interesados pertinentes, pero respetando al mismo tiempo la titularidad nacional y la responsabilidad compartida;
c) Involucrar y apoyar a las autoridades locales en la determinación de las necesidades y oportunidades de cooperación internacional para aplicar efectivamente el Pacto Mundial e incorporar sus perspectivas y prioridades en las estrategias y programas de desarrollo y la planificación de la migración, como medio de garantizar la buena gobernanza, así como la coherencia de las políticas entre los diferentes niveles de gobierno y sectores normativos, y maximizar la eficacia y el impacto de la cooperación internacional para el desarrollo;
d) Utilizar el mecanismo de creación de capacidad y aprovechar otros instrumentos existentes para aumentar la capacidad de las autoridades competentes movilizando recursos técnicos, financieros y humanos de los Estados, las
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instituciones financieras internacionales, el sector privado, las organizaciones internacionales y otras fuentes a fin de ayudar a todos los Estados a cumplir los compromisos enunciados en el presente Pacto Mundial;
e) Forjar alianzas bilaterales, regionales o multilaterales mutuamente beneficiosas, personalizadas y transparentes, con arreglo al derecho internacional, que formulen soluciones específicas a las cuestiones de política migratoria de interés común y aborden las oportunidades y los retos de la migración de conformidad con el Pacto Mundial.
Aplicación
40. Para aplicar efectivamente el Pacto Mundial, necesitaremos realizar esfuerzos concertados a nivel mundial, regional, nacional y local, incluida la coherencia del sistema de las Naciones Unidas.
41. Nos comprometemos a cumplir los objetivos y compromisos enunciados en el Pacto Mundial, en consonancia con nuestra visión y nuestros principios rectores, adoptando a todos los niveles medidas eficaces para facilitar la migración segura, ordenada y regular en todas las etapas. Aplicaremos el Pacto Mundial, dentro de nuestros propios países y en los planos regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y prioridades nacionales. Reafirmamos nuestra adhesión al derecho internacional y ponemos de relieve que el Pacto Mundial habrá de aplicarse de manera compatible con nuestros derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional.
42. Aplicaremos el Pacto Mundial mediante una mayor cooperación bilateral, regional y multilateral y una alianza mundial revitalizada, con espíritu solidario. Seguiremos aprovechando los mecanismos, plataformas y marcos existentes para abordar la migración en todas sus dimensiones. Reconociendo que la cooperación internacional es fundamental para cumplir efectivamente objetivos y compromisos, nos esforzaremos por intensificar nuestra participación en la cooperación y asistencia Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. Nuestra labor de cooperación en este sentido estará en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba.
43. Decidimos establecer en las Naciones Unidas, aprovechando las iniciativas existentes, un mecanismo de creación de capacidad que apoye los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para aplicar el Pacto Mundial. El mecanismo permitirá a los Estados Miembros, las Naciones Unidas y otros interesados pertinentes, como el sector privado y las fundaciones filantrópicas, aportar recursos técnicos, financieros y humanos a título voluntario con el fin de reforzar capacidades y fomentar la cooperación entre múltiples asociados. El mecanismo de creación de capacidad constará de los elementos siguientes:
a) Un centro de enlace que facilite soluciones personalizadas, integradas y en función de la demanda mediante las actividades siguientes:
i) Asesorar sobre las solicitudes de soluciones de los países, evaluarlas y tramitarlas;
ii) Elegir a los principales asociados en la ejecución dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, en función de sus ventajas comparativas y capacidades operacionales;
iii) Vincular las solicitudes con iniciativas y soluciones similares para el intercambio entre homólogos y su posible reproducción, cuando existan y sean pertinentes;
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iv) Asegurar la organización eficaz de la implementación interinstitucional y por múltiples interesados;
v) Buscar oportunidades de financiación, entre otras cosas, iniciando el fondo de puesta en marcha;
b) Un fondo de puesta en marcha que proporcione financiación inicial para implementar soluciones orientadas a los proyectos mediante las actividades siguientes:
i) Proporcionar financiación inicial, cuando sea necesario, para comenzar un proyecto concreto;
ii) Complementar otras fuentes de financiación;
iii) Recibir contribuciones financieras voluntarias de los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y otros interesados, como el sector privado y las fundaciones filantrópicas;
c) Una plataforma mundial de conocimientos como fuente de datos abiertos en línea, que realizará las funciones siguientes:
i) Servir como repositorio de los datos empíricos, las prácticas y las iniciativas existentes;
ii) Facilitar la accesibilidad de los conocimientos y el intercambio de soluciones;
iii) Tomar como base la Plataforma de Alianzas del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y otras fuentes pertinentes.
44. Aplicaremos el Pacto Mundial en cooperación y asociación con los migrantes, la sociedad civil, las organizaciones de migrantes y de las diásporas, las organizaciones confesionales, las autoridades y comunidades locales, el sector privado, los sindicatos, los parlamentarios, las instituciones nacionales de derechos humanos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los círculos académicos, los medios de comunicación y otros interesados pertinentes.
45. Acogemos con beneplácito la decisión del Secretario General de establecer una red de las Naciones Unidas sobre la migración para garantizar la eficacia y la coherencia del apoyo de todo el sistema a la aplicación del Pacto Mundial, incluido el mecanismo de creación de capacidad, así como a su seguimiento y examen, en respuesta a las necesidades de los Estados Miembros. A este respecto, señalamos que:
a) La OIM actuará como coordinadora y secretaría de la red;
b) La red aprovechará plenamente la especialización técnica y la experiencia de las entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas;
c) La labor de la red se armonizará plenamente con la de los mecanismos de coordinación existentes y con el reposicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.
46. Solicitamos al Secretario General que, haciendo uso de la red, informe a la Asamblea General cada dos años sobre la aplicación del Pacto Mundial, las actividades del sistema de las Naciones Unidas al respecto y el funcionamiento de los arreglos institucionales.
47. Reconociendo además el importante papel que desempeñan los procesos y plataformas mundiales y regionales dirigidos por los Estados para promover el diálogo internacional sobre la migración, invitamos al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, a los procesos consultivos regionales y a otros foros mundiales, regionales y subregionales a que ofrezcan plataformas para intercambiar experiencias sobre la aplicación del Pacto Mundial, compartir buenas prácticas en materia de
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políticas y cooperación, promover enfoques innovadores y fomentar las alianzas entre múltiples interesados sobre cuestiones normativas concretas.
Seguimiento y examen
48. Examinaremos los progresos realizados a nivel local, nacional, regional y mundial para aplicar el Pacto Mundial en el marco de las Naciones Unidas mediante un enfoque dirigido por los Estados y con participación de todos los interesados pertinentes. Para el seguimiento y examen, convenimos en adoptar medidas intergubernamentales que nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos y compromisos.
49. Teniendo en cuenta que la migración internacional requiere un foro mundial donde los Estados Miembros puedan examinar los progresos de la aplicación y guiar la labor de las Naciones Unidas, decidimos que:
a) El Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, que actualmente se celebra cada cuatro períodos de sesiones de la Asamblea General, se reformulará y pasará a denominarse “Foro de Examen de la Migración Internacional”;
b) El Foro de Examen de la Migración Internacional será la principal plataforma mundial intergubernamental donde los Estados Miembros discutirán y expondrán los progresos conseguidos en la aplicación de todos los aspectos del Pacto Mundial, incluidos los relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con participación de todos los interesados pertinentes;
c) El Foro de Examen de la Migración Internacional se celebrará cada cuatro años a partir de 2022;
d) El Foro de Examen de la Migración Internacional discutirá la aplicación del Pacto Mundial a nivel local, nacional, regional y mundial, y facilitará la interacción con otros interesados pertinentes a fin de aprovechar los logros conseguidos y detectar oportunidades de aumentar la cooperación;
e) Cada edición del Foro de Examen de la Migración Internacional emitirá una declaración sobre los progresos acordada a nivel intergubernamental, que el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible podrá tomar en consideración.
50. Teniendo en cuenta que, en su mayor parte, la migración internacional se produce dentro de las regiones, invitamos a los procesos, plataformas y organizaciones subregionales, regionales e interregionales competentes, incluidas las comisiones económicas o procesos consultivos regionales de las Naciones Unidas, a que examinen la aplicación del Pacto Mundial dentro de sus respectivas regiones a partir de 2020, alternando con los debates mundiales que se celebrarán cada cuatro años, para hacer aportaciones efectivas a cada una de las ediciones del Foro de Examen de la Migración Internacional, con participación de todos los interesados pertinentes.
51. Invitamos al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo a que sirva de espacio para mantener un intercambio oficioso anual sobre la aplicación del Pacto Mundial, y a que comunique las conclusiones, las mejores prácticas y los enfoques innovadores al Foro de Examen de la Migración Internacional.
52. Reconociendo la importante contribución de las iniciativas sobre migración internacional dirigidas por los Estados, invitamos a foros como el Diálogo Internacional sobre la Migración de la OIM, los procesos consultivos regionales y otras instancias a que hagan aportaciones al Foro de Examen de la Migración Internacional facilitando datos e información empírica pertinentes, mejores prácticas, enfoques innovadores y recomendaciones respecto a la aplicación del Pacto Mundial.
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53. Alentamos a todos los Estados Miembros a que formulen lo antes posible respuestas nacionales ambiciosas para aplicar el Pacto Mundial, y a que realicen exámenes periódicos e inclusivos de los progresos conseguidos a nivel nacional, por ejemplo, preparando y utilizando voluntariamente un plan nacional de aplicación. Esos exámenes deberán tener en cuenta las contribuciones de todos los interesados competentes, así como de los parlamentos y las autoridades locales, y servir para orientar efectivamente la participación de los Estados Miembros en el Foro de Examen de la Migración Internacional y otros foros pertinentes.
54. Solicitamos a la Presidencia de la Asamblea General que inicie y concluya en 2019 consultas intergubernamentales abiertas, transparentes e inclusivas para establecer las modalidades y aspectos concretos de la organización del Foro de Examen de la Migración Internacional y determinar la manera en que los exámenes regionales y otros procesos pertinentes contribuirán a las deliberaciones del Foro, como medio para seguir aumentando la eficacia y coherencia general de las actividades de seguimiento y examen indicadas en el Pacto Mundial.

Por Bárbara Puglisis 04 nov, 2024
La violencia escolar es un problema que trasciende los límites de las aulas y que, con el crecimiento de la tecnología y el uso extendido de dispositivos móviles a temprana edad, ha encontrado en el entorno digital un espacio donde se potencia. En este contexto, la Carta de Derechos Digitales de España surge como una iniciativa valiosa para establecer una base de protección en el entorno virtual, especialmente para los menores. Sin embargo, para que esta carta realmente funcione, se deben abordar varios factores que inciden en el problema, tales como la falta de control parental, la escasa comunicación entre la escuela y la familia, y el uso de móviles a edades tempranas. El uso de móviles a temprana edad y su impacto en la violencia escolar La introducción de dispositivos móviles a temprana edad representa un cambio profundo en la experiencia de los niños, quienes están en constante contacto con el entorno digital sin contar aún con las herramientas emocionales y sociales necesarias para protegerse. Según estudios recientes, el 30% de los niños en España ya tienen acceso a dispositivos móviles antes de los 10 años. Este acceso temprano a la tecnología expone a los menores a riesgos como el ciberacoso y otros tipos de violencia escolar digital, ampliando el impacto que estas experiencias tienen en su desarrollo emocional y social. A una edad en la que el control emocional y el sentido de responsabilidad están en pleno desarrollo, el uso de dispositivos móviles permite que las interacciones sociales y conflictos se prolonguen más allá del horario escolar. La mayoría de los casos de ciberacoso comienzan en entornos escolares, y el acceso a los móviles permite que estos conflictos se amplifiquen y escapen del control tanto de padres como de educadores, haciendo que el acoso persista sin descanso en las vidas de los niños y adolescentes. Control parental: Un desafío en la era digital El papel de los padres en la supervisión del uso de tecnología y redes sociales por parte de sus hijos es fundamental para prevenir situaciones de violencia escolar en el ámbito digital. No obstante, la realidad es que muchos padres no poseen el conocimiento adecuado o las herramientas necesarias para controlar y gestionar el tiempo que sus hijos pasan en línea o el tipo de contenido al que están expuestos. Esta brecha de conocimientos deja a los menores expuestos a contenidos inapropiados y comportamientos nocivos, y, en muchos casos, los padres no detectan el problema hasta que ya ha causado daños en la salud mental y emocional de los menores. Además, existe una falsa creencia de que los jóvenes son "nativos digitales" y que, por ende, pueden manejar con facilidad el entorno virtual. Sin embargo, aunque los adolescentes se desenvuelvan con soltura en las redes, esto no significa que comprendan los riesgos o que tengan la madurez para gestionar situaciones conflictivas. Es crucial que la Carta de Derechos Digitales considere programas de formación tanto para los menores como para sus padres, con el fin de que ambos comprendan cómo hacer un uso responsable y seguro de la tecnología. La Falta de comunicación entre la escuela y la familia La comunicación entre la escuela y la familia es otro aspecto esencial en la prevención de la violencia escolar, tanto en el entorno físico como en el digital. Cuando las instituciones educativas y los padres no mantienen una relación constante y transparente, es mucho más difícil identificar y actuar frente a situaciones de acoso. En muchos casos, los padres no están al tanto de los conflictos que sus hijos enfrentan en el entorno escolar, y, al no haber una comunicación fluida, los problemas suelen agravarse. La creación de canales de comunicación efectivos permitiría que los padres y los educadores trabajen en conjunto para identificar y resolver estos problemas antes de que escalen. Una solución sería que la Carta de Derechos Digitales establezca pautas para la creación de protocolos de comunicación entre escuelas y familias, de manera que las instituciones educativas puedan informar a los padres sobre el uso de tecnología y la salud digital de sus hijos. Esto no solo ayuda a los padres a monitorear el bienestar de sus hijos, sino que también facilita la implementación de acciones conjuntas para frenar el ciberacoso y otros tipos de violencia. Educación digital y la responsabilidad de la sociedad La educación digital es fundamental para combatir la violencia escolar en el ámbito virtual. Los niños y adolescentes deben recibir formación sobre cómo navegar de manera segura en el entorno digital, incluyendo el respeto hacia los demás, la protección de su privacidad y la identificación de comportamientos inadecuados. De igual manera, los padres y educadores también necesitan capacitación continua para mantenerse informados sobre las amenazas y tendencias actuales en el ciberespacio, de modo que puedan intervenir de manera adecuada. La Carta de Derechos Digitales debería incluir una propuesta de educación digital obligatoria en las escuelas, donde tanto los estudiantes como los padres puedan aprender sobre seguridad en línea, ciberacoso y el uso ético de la tecnología. Esta educación no debe ser algo aislado; debe integrarse en el currículo educativo y adaptarse a cada etapa de desarrollo del estudiante, enfatizando el respeto mutuo, la empatía y la protección de los derechos individuales. Propuesta: Un plan nacional de protección digital para menores Para que la Carta de Derechos Digitales sea verdaderamente eficaz, propongo la creación de un Plan Nacional de Protección Digital para Menores. Este plan debería incluir: 1. Educación digital obligatoria para estudiantes, padres y docentes, con el fin de desarrollar habilidades en el uso seguro de la tecnología. 2. Protocolos de comunicación entre escuelas y familias para alertar y gestionar problemas de ciberacoso y otros tipos de violencia. 3. Campañas de sensibilización que promuevan el control responsable del uso de dispositivos móviles y que informen sobre los efectos negativos del ciberacoso en la salud mental. 4. Responsabilidad de empresas tecnológicas para que implementen herramientas de control de contenido para menores y alertas de ciberacoso. 5. Un Observatorio de Protección Digital para Menores que supervise el impacto de la Carta de Derechos Digitales y proponga ajustes según la evolución de las problemáticas digitales. La violencia escolar en el entorno digital es una problemática compleja que requiere la colaboración de todos los actores sociales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros menores. La Carta de Derechos Digitales es un paso importante, pero necesita complementarse con acciones más concretas y un enfoque integral que abarque educación, regulación y un esfuerzo conjunto entre la familia, la escuela y las empresas tecnológicas. El uso de dispositivos a temprana edad, la falta de control parental y la escasa comunicación entre el hogar y la escuela son factores que potencian la violencia en el ámbito digital. Solo a través de la implementación de un Plan Nacional de Protección Digital para Menores y una verdadera colaboración social, podremos construir un entorno digital seguro y protector para las generaciones futuras.
Por Bárbara Puglisi 16 may, 2024
España es uno de los países de la Unión Europea que recibe anualmente un número elevado de migrantes en situación irregular. Estamos acostumbrados a ver casi a diario noticias sobre el desembarco de pateras en las costas e islas, a lo que debemos añadir lo que no se ve: la entrada por los aeropuertos de aquellas personas que llegan por turismo, pero se quedan de manera irregular en el país. Se estima que en la actualidad hay alrededor de 500.000 migrantes en situación irregular en España, de los cuales casi un 25% son menores de edad. Por este motivo esta semana en el Congreso de los Diputados se aprobó una iniciativa popular o ILP para que el gobierno realice una regulación masiva de estas personas siempre que hayan ingresado al país antes del 01 de noviembre del 2021. Muchos esperaban que se dictaran las reglas de la regularización, pero lo aprobado en el pleno del Congreso es un párrafo donde se da la orden al Ejecutivo de realizar el proceso de regularización. El texto aprobado fue: "El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021." Lo que se aprobó ayer representa un avance modesto hacia la legalización de los migrantes, aunque en mi opinión, es insuficiente. Lo califico así porque, en última instancia, deja la responsabilidad en manos del gobierno para resolver una situación que, sabemos, es consecuencia de su propia gestión. La presión ejercida por las organizaciones ahora debe intensificarse, ya que, si el gobierno no ha logrado resolver esto en tantos años, ¿realmente lo hará en solo seis meses? El caso de los ucranianos asilados en España es un claro ejemplo de cómo, cuando existe voluntad política, el gobierno puede actuar con rapidez y eficacia. En cuestión de semanas, se les proporcionaron los documentos necesarios para su asilo y se les asignó sus documentos de identificación nacional para facilitar su rápida integración en la vida laboral. Si preguntamos a solicitantes de asilo de otros países, muchos pueden contarnos cuántos años han esperado para que se acepte o deniegue su solicitud de asilo. Estas políticas migratorias pueden convertir las excepciones en la norma. Con España habiendo realizado ya cuatro procesos de regularización masiva, podría parecer que cumplir o no con la ley migratoria no importa realmente, ya que se otorgan documentos de todas formas, lo que resta importancia a aquellos que han seguido los procesos legales rigurosamente. Además, brinda libertad a las mafias que trafican con migrantes, ya que pueden prometerles su regularización en el futuro y una entrada fácil a Europa. ¿Cuántas veces España ha realizados regulaciones masivas y cuáles fueron los requisitos que se pidieron? En España, ha habido varios procesos de regulación masiva de migrantes a lo largo de los años, especialmente en respuesta a flujos migratorios significativos. Algunos de los más destacados incluyen: Regularización de 1985: Este proceso fue una respuesta a la gran afluencia de migrantes irregulares, principalmente de países de América Latina y África, que llegaron a España durante los años 80. La regularización de 1985 permitió a muchos de estos migrantes obtener un estatus legal en el país. Regularización de 1996: En este caso, el gobierno español permitió la regularización de inmigrantes que pudieran demostrar que habían estado trabajando en el país durante un período de tiempo determinado, independientemente de su estatus legal. Esta regularización se centró en gran medida en inmigrantes de países extracomunitarios. Regularización de 2005: Conocida como la "Regularización Exprés", esta medida fue implementada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y permitió a los inmigrantes en situación irregular regularizar su estatus si podían demostrar que habían estado trabajando en el país. Se aplicó a una amplia gama de inmigrantes, incluidos aquellos que habían entrado en el país de manera irregular antes de agosto de 2004. Regularización de 2012: En respuesta a la crisis económica y el aumento del desempleo en España, el gobierno introdujo un proceso de regularización para trabajadores extranjeros altamente cualificados y aquellos que pudieran demostrar que habían vivido en España durante un período de tiempo establecido y podían demostrar medios de subsistencia. Cada uno de estos procesos ha tenido sus propias condiciones y requisitos específicos, pero en general, todos buscaban regularizar a aquellos migrantes que ya estaban viviendo y trabajando en el país de manera irregular. Cabe destacar que esta última regularización masiva de migrantes en España se llevó a cabo en un contexto de crisis económica y desempleo, con el objetivo de regularizar la situación de ciertos grupos de migrantes que estaban viviendo en el país de manera irregular. Las condiciones principales para la regularización en 2012, las cuales pueden ser las mismas para este año, fueron las siguientes: 1. Residencia continuada: Los solicitantes debían haber residido de manera continuada en España antes de la fecha de entrada en vigor del proceso de regularización. 2. Demostrar medios de subsistencia: Se requería que los solicitantes pudieran demostrar que tenían medios de subsistencia, ya sea a través de un empleo, una oferta de trabajo o cualquier otra fuente de ingresos legales y suficientes para mantenerse a sí mismos y, en su caso, a sus familias. 3. Ausencia de antecedentes penales: Los solicitantes no debían tener antecedentes penales en España ni en sus países de origen. 4. Cumplimiento de otros requisitos específicos: Dependiendo de la categoría bajo la cual se solicitaba la regularización (por ejemplo, trabajadores altamente cualificados, estudiantes, etc.), podían aplicarse requisitos adicionales específicos, como la demostración de formación o experiencia laboral en el caso de trabajadores cualificados. 5. Presentación de la solicitud dentro del plazo establecido: Los interesados debían presentar su solicitud dentro del plazo establecido por las autoridades competentes. Es importante tener en cuenta que las condiciones específicas pueden variar según la legislación vigente en el momento de la regularización y las disposiciones emitidas por el gobierno español, pero visto que no distan mucho en tiempo pueden que sean las mismas o por lo menos la mayoría se mantengan en este nuevo proceso del 2024. Otros países europeos han tenido regularizaciones masivas de migrantes. En Europa, diversos países han llevado a cabo procesos de regulación masiva de migrantes en respuesta a flujos migratorios significativos o en situaciones específicas. Algunos de los procesos de regularización más destacados incluyen: 1. Italia - 1986: Italia llevó a cabo una regularización masiva de inmigrantes en 1986, conocida como la "Sanatoria", que permitió a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular regularizar su estatus migratorio. 2. España - 1985, 1996, 2005, 2012: Como mencioné anteriormente, España ha llevado a cabo varios procesos de regularización a lo largo de los años, en 1985, 1996, 2005 y 2012, para regularizar la situación de inmigrantes en situación irregular que residían en el país. 3. Portugal - 2001: Portugal también realizó una regularización masiva en 2001, permitiendo que los inmigrantes en situación irregular regularizaran su estatus. 4. Francia - 1981, 1997: Francia llevó a cabo regularizaciones masivas en 1981 y 1997, con el objetivo de regularizar a inmigrantes en situación irregular que residían en el país. 5. Grecia - 2011: Grecia llevó a cabo un proceso de regularización en 2011, principalmente dirigido a inmigrantes de países vecinos como Albania y Bulgaria, entre otros. 6. Alemania - 2000: Alemania implementó una regularización masiva en 2000, conocida como "Lex Kosovo", para permitir que los solicitantes de asilo de Kosovo se quedaran en el país. Estos son solo algunos ejemplos de los procesos de regularización masiva de migrantes que se han llevado a cabo en Europa. Cada país puede tener sus propias políticas y condiciones específicas para estos procesos, que pueden variar en función de factores como la situación económica, social y política en ese momento. Retos que enfrentará el gobierno con la regularización. Como observamos, España lidera la lista de países de la Unión Europea que han llevado a cabo el mayor número de regularizaciones masivas, lo que ha alertado a la UE sobre sus políticas migratorias "abiertas y permisivas", las cuales afectan a todos los miembros. Algunos de estos miembros son muy restrictivos en este ámbito para preservar su seguridad nacional y planes económico-laborales internos, que garantizan una economía saludable para sus ciudadanos. La regularización masiva de migrantes en España puede plantear una serie de desafíos y problemas que el gobierno debe afrontar una vez saque la resolución con los términos de este nuevo proceso que generaran gasto público que no estaba contemplado en los presupuestos nacionales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la regularización masiva generará una mayor presión sobre los servicios públicos. Al llevarse a cabo en poco tiempo, podría ocasionar problemas en la prestación de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la vivienda, especialmente en áreas con alta concentración de migrantes. Además, es crucial implementar un plan de inserción laboral de forma paralela a la regularización. Esto es importante porque la regularización tendrá un impacto en el mercado laboral, tanto en términos de competencia por empleos como en la posible exposición a abusos laborales si los migrantes regularizados son más vulnerables a la explotación. Pone la lupa también a los temas de control de la inmigración futura. La regularización masiva puede plantear desafíos para el control de la inmigración futura, ya que puede ser percibida como una señal de debilidad en las políticas de control de fronteras y migración.
Por Bárbara Puglisi 20 feb, 2024
En el último año la política en España se ha encaminado hacia un proceso preocupante para su democracia. Los ataques entre políticos de las “altas esferas del poder” son considerados por algunos como "jocosos" pero nada más lejos de eso. En la mayoría de los casos están al límite de entrar en lo denominado “discurso de odio”. El discurso de odio en la política es una realidad que puede tener consecuencias perjudiciales para la sociedad. En España, como en muchos otros lugares, es importante abogar por un debate político respetuoso y constructivo. El respeto mutuo y la tolerancia son fundamentales para construir una sociedad cohesionada y democrática. En la era digital, las redes sociales han transformado la manera en que nos involucramos con la política. Sin embargo, este cambio también ha dado lugar a un fenómeno preocupante: el aumento del discurso de odio en el ámbito político, exacerbado por la rápida difusión y amplificación que ofrecen plataformas como X, Facebook e Instagram, principalmente. La política en la era de las redes sociales Las redes sociales han democratizado la participación política al proporcionar a las personas una plataforma para expresar sus opiniones y conectarse con políticos y otros ciudadanos. Sin embargo, esta apertura también ha permitido que el discurso de odio se infiltre y se propague de manera más eficiente, creando un ambiente tóxico que afecta el debate democrático. La política en la era de las redes sociales ha experimentado una transformación significativa, marcando un hito en la participación ciudadana y la difusión de información. Las plataformas han democratizado el acceso a la esfera política, permitiendo a los ciudadanos participar activamente en el debate público y conectarse con sus líderes. Así como a los políticos la masificación de sus discursos y propuestas electorales a más personas dentro y fuera de su país. Sin embargo, esta apertura también ha llevado consigo desafíos sustanciales. La inmediatez y la viralidad de las redes sociales han propiciado la propagación rápida de mensajes políticos, tanto constructivos como destructivos. La brecha entre los políticos y la ciudadanía se ha reducido, pero también se ha creado un terreno propicio para la polarización y el discurso extremista. A esto se le suma el fenómeno de las fake news y la desinformación se ha vuelto más prominente en la política en línea. La rapidez con la que se comparten noticias y la falta de verificación pueden llevar a la difusión de información falsa, afectando la percepción pública y distorsionando la realidad. En definitiva, la política en la era de las redes sociales tiene un doble filo. Aunque ofrece oportunidades para la participación ciudadana y la democratización del discurso político, también plantea desafíos importantes en términos de polarización, desinformación y la creación de burbujas informativas. El manejo ético y responsable de estas herramientas es crucial para preservar una esfera política saludable y transparente, especialmente cuando hablamos de asuntos públicos. Qué concluye el monitoreo ECCos de Paz El monitoreo se basó en las publicaciones en redes sociales de los principales candidatos de los partidos políticos españoles que entren en la contienda electoral en las elecciones generales del 2023. Fueron analizados todos los mensajes publicados y podemos concluir que dichos mensajes a pesar de no entrar en la categoría de discurso de odio si han hecho que la forma de hacer política deshumaniza a los oponentes erosionando de esa forma la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los líderes políticos recurren a la retórica divisiva y despectiva, crean un clima en el que la intolerancia florece, debilitando la cohesión social y fomentando la polarización. Sin embargo, hemos visto publicaciones en redes mostrando las llamadas “Lonas del Odio”, lonas que fueron colocadas en las fachadas de edificios en vías importantes que entrarían en temas de odio y que fueron colocadas por organizaciones sociales contra los candidatos. Por ello podemos decir que el discurso de odio en la sociedad contemporánea ha ocasionado una seria amenaza para la cohesión y el bienestar común, y lo continuará haciendo hasta tanto no se cambie a través de sanciones jurídicas o por convicción social. Esta forma de expresión, cargada de hostilidad y animosidad hacia grupos específicos, en este caso candidatos, no solo socava los cimientos de la convivencia pacífica, sino que también tiene consecuencias perjudiciales a nivel individual y colectivo. Debemos tener claro como sociedad que el discurso de odio actúa como una llama que aviva las llamas de la intolerancia, alimentando prejuicios y fomentando la discriminación. Cuando líderes políticos, figuras públicas o incluso ciudadanos comunes participan de ello, contribuyendo a la creación de un ambiente tóxico que puede desencadenar tensiones y conflictos innecesarios. El discurso de odio puede propagarse como un virus, infiltrando las mentes y generando actitudes negativas hacia aquellos que son percibidos como diferentes. Esto no solo debilita la cohesión social, sino que también puede llevar a la discriminación y, en casos extremos, a la violencia. Las plataformas de redes sociales, a pesar de sus beneficios en términos de conectividad, facilitan que las palabras y opiniones pueden difundirse rápidamente contribuye a la amplificación del discurso de odio, generando efectos cascada que afectan a comunidades enteras. Es imperativo que las sociedades promuevan la educación y la conciencia sobre la importancia del respeto y la tolerancia. Además, las plataformas en línea deben asumir la responsabilidad de regular y limitar la difusión del discurso de odio, implementando medidas efectivas para prevenir su propagación descontrolada. Del informe se desprende que el discurso de odio amenaza con socavar los principios fundamentales de una sociedad justa y equitativa. Abogar por un lenguaje respetuoso y constructivo se convierte en una herramienta esencial para construir un mundo en el que la diversidad sea celebrada y la convivencia pacífica sea la norma. El otro aspecto candente: la Ley de Amnistía El año 2024 empieza con la controvertida Ley de Amnistía en España que continúa siendo objeto de debates y reflexiones, especialmente por la fina línea que se puede cruzar si los interesados no manejan bien los contenido y decisiones, convirtiendo ideas e ideologías en discurso del odio. A medida que evoluciona la conciencia social y se reexaminan las políticas del pasado, la discusión sobre la influencia de esta ley y el discurso del odio se intensifica. Desde una perspectiva crítica, algunos argumentan que la Ley de Amnistía está buscando la reconciliación dentro de un proceso democrático, pero podría dejar impunes ciertos actos cometidos en Cataluña. En el ámbito del discurso del odio, esta impunidad podría interpretarse como un obstáculo para la construcción de una narrativa colectiva que condene de manera clara y unánime los actos discriminatorios y violentos del pasado. Algunos críticos sostienen que la falta de rendición de cuentas podría alimentar resentimientos y sentimientos de injusticia, que a su vez podrían manifestarse en discursos de odio dirigidos a grupos específicos. La relación entre la Ley de Amnistía del 2023/2024 y el discurso del odio sigue siendo compleja, reflejando los desafíos persistentes en la búsqueda de equilibrio entre la memoria histórica, la justicia y la estabilidad democrática. El diálogo continuo sobre estos temas es esencial para comprender y abordar los retos actuales en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Es esencial que los líderes políticos, así como los usuarios de redes sociales, asuman la responsabilidad de promover un discurso respetuoso y constructivo. Ya hemos visto como las plataformas están colaborando mejorando sus políticas y algoritmos con el fin de frenar la difusión del discurso de odio, priorizando la seguridad y el bienestar de la sociedad. En conclusión, el discurso de odio en la política, amplificado por las redes sociales, representa un desafío significativo para la salud de la democracia. Combatir este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto de líderes, ciudadanos y plataformas para promover un diálogo político basado en el respeto y la comprensión mutua.
08 oct, 2023
La situación migratoria del mediterráneo enciende las alarmas sobre los delitos de tráfico y trata de personas. Debemos entender que la migración que está entrando por el Mediterráneo de manera irregular puede ser víctima de tráfico de personas, delito que se da cuando el migrante “contrata los servicios” de las organizaciones criminales de la zona para que los trasladen desde su país de origen hacia el país donde desean inmigrar de forma irregular; pero simultáneamente se pude estar en presencial del delito de trata de personas cuando las víctimas son captadas por engaño o con violencia para ser explotadas dentro de su país de origen o en otro país. La trata de personas es uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana de cuantos se conocen, ya que supone la degradación de cualquier persona hasta convertirla en una mera mercancía que se puede intercambiar o explotar. Solo en España para el año 2019 se movían más de 5 millones de euros diarios en trata de personas, entendiendo que la trata no es solo en explotación sexual, sino que también incluye la explotación laboral, de criminalidad forzada o de tráfico de órganos. Según datos aportados por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la policía de España, alrededor de 12 millones de personas en 160 países son víctimas de trata, de las cuales el 62% de ellas son destinadas a la explotación sexual, distribuidas en 80% mujeres y 12% niñas. El tráfico y la trata de personas no discrimina en edad, para el año 2019 llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas no acompañados, pero las autoridades solo identificaron a 10 de las niñas como víctimas de trata. Llama la atención que con un número tan elevado de niños y niñas no acompañados que han ingresado al país vía marítima solo el 0.1% se consideran víctimas de tratas, es decir, que las autoridades no cumplieron los protocolos de protección, identificación y análisis de los casos individualmente, pues si comparamos los porcentajes con las cifras internacionales que hablamos en el artículo anterior, es claro y evidente que las autoridades migratorias y de protección de la infancia española no están cumpliendo con su trabajo en la correcta identificación de víctimas de trata de personas. Suponemos que las cifras han aumentado en especial en materia de menores después de que iniciara la guerra de Ucrania, pues España ha sido uno de los principales países de acogida de mujeres y niños que escapan de la guerra. Debemos tener en cuenta que más de 1.5 millones de niños han huido de Ucrania y que las cifras mundiales reflejan que los niños representan el 28% de las personas víctimas de trata según datos aportados por UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la trata de Personas (ICAT). La trata en cifras españolas Entre los años 2017 y 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comunicaron la identificación formal como víctimas de trata de seres humanos de 1.438 personas, entre ellas se encontraban 64 (4.5%) menores de edad. A estas cifras hay que añadir 4.420 víctimas de explotación sexual y laboral, incluyendo a 36 (0,8%) menores. El abuso de situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima se ha consolidado en los últimos años como el medio comisivo más frecuente en la trata sexual, llegando a alcanzar en el 2021 al 60% de las víctimas. El engaño, ya sea en el tipo de actividad a realizar o en las condiciones de esta, estuvo presente en un 46% de los casos entre el 2017 y 2021. Las víctimas de la trata sexual en los últimos años han mostrado numerosos cambios de tendencia una de ellas es la nacionalidad de las víctimas, en España son las rumanas y nigerianas quienes han sido tradicionalmente las más representativas y las que han mantenido una tendencia más estable. Mientras que las de origen latinoamericano, especialmente Venezuela, Colombia y Paraguay ha mostrado un incremento exponencial en los últimos años, concretamente en el 2021 las víctimas de estas últimas nacionalidades representaron el 59% del total de las identificadas y aquellas con nacionalidad de algún país latinoamericano llegaron al 74%. La trata de seres humanos es un delito con una capacidad de mutación y adaptación notables. Los tratantes ajustan sus modus operandi a las necesidades y dificultades de cada situación y adaptan la oferta muy rápidamente a la demanda. Recordemos que las cifras que dan las autoridades españolas corresponden a víctimas identificadas, es decir, son solo una pequeña muestra de la cruel realidad que viven las víctimas de este “negocio”. La tendencia también ha cambiado con quienes comenten el delito de trata, por primera vez las estadísticas demuestran que en 2021 es mayor el número de mujeres detenidas que el de hombres, concretamente el 53%. Datos que confirma la teoría de las autoridades sobre que muchas de las antiguas víctimas pasan a ocupar puestos de responsabilidad en las redes de trata como “madame” o captoras pues ya conocen el negocio y al ser mujeres con la misma nacionalidad de las víctimas tienden a convencerlas/engañarlas más fácilmente. Las personas detenidas por explotación sexual en 2021, el 60% son hombres, mientras que el 40% son mujeres, todos ellos con nacionalidades principalmente española, colombiana y rumana. Otro tipo de explotación muy extendido en España es el laboral, quienes lo sufren en carne propia son los migrantes. Entre el 2017 y el 2021 las víctimas de explotación laboral eran el 60% hombres y 40% mujeres, llegando en 2021 a una relación de tres hombres por cada mujer víctimas de explotación laboral. La edad más frecuente se sitúa entre los 23 y 32 años con nacionalidades predominantes de Marruecos, Rumanía y España. Algo más de la mitad de las investigaciones emprendidas en 2021 estaban vinculadas al sector agropecuario, englobando al 68% de las víctimas. Centrándonos en la explotación laboral, en 2021 el 83% de los detenidos fueron hombres y el 17% mujeres, con la nacionalidad más característica la española y la rumana. Aquí un cuadro que nos permite evidencias con más claridad la evolución del delito de trata en los últimos años en España:
Caso UE
Por Carlos Romero Mendoza 08 ago, 2023
1.- El Código de Conducta en Europa para frenar la incitación al odio. En un artículo anterior, hice referencia a la propuesta que la ONU está consultando sobre la adopción de un Código de Conducta que permita garantizar la integridad de la información en las plataformas digitales, buscando a reducir la propagación de la desinformación y la incitación al odio, protegiendo la libertad de expresión. La mencionada propuesta hace referencia a la necesidad de concretar un compromiso entre distintos agentes sociales: gobiernos y empresas relacionadas con la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), y en ese contexto, creo que resulta interesante mirar hacia la Unión Europea y su experiencia desde el 2016 con su Código de conducta para combatir la incitación ilegal al odio en Internet en línea, cuyo contenido limita el compromiso a las TICs. El mencionado Código de Conducta de la UE se adoptó como un compromiso político en la Declaración conjunta emitida por el Consejo Extraordinario de Justicia e Interior de 24 de marzo de 2016 sobre los atentados terroristas de Bruselas . El Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, Victor Luis Gutierrez Castillo , nos permite conocer aquellas medidas adoptadas por la Unión Europea que representan esos antecedentes o ese camino recorrido hasta llegar a concretar el Código de Conducta para combatir la incitación al odio en Europa, que además, stán fundamentadas específicamente en el artículo 13 del Tratado de Amsterdam y el 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, esas medidas son: 1.- Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, tanto en el ámbito privado como público. 2.-Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 3.-Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio del 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 4.- Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de la UE, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal, que se reconocen los delitos de odio en el ámbito europeo al establecer un objetivo común en la respuesta ante este fenómeno. 5.- Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet”, que incorporan por primera vez la idea de que los derechos humanos también deben ser protegidos en la red, publicada por Consejo de la UE el 27 de junio del 2016. 6.- Decisión nº. 276/1999/CE, aprobada el 25 de enero de 1999 por el Parlamento Europeo mediante el cual se adopta un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales en la que se reconoce expresamente (artículo 3), la obligación de (…) fomentar la autorregulación del sector y los mecanismos de supervisión de los contenidos (por ejemplo, los relativos a contenidos tales como la pornografía infantil o aquellos que inciten al odio por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad u origen étnico) (…) Todo este camino recorrido nos lleva en el año 2016 cuando la Comisión Europea y cuatro grandes empresas del sector de las TIC: YouTube, Twitter, Facebook y Microsoft, adoptaron el Código de conducta para combatir la incitación ilegal al odio en Internet en línea, a través del cual se busca el establecimiento de filtros de detección de contenidos lesivos o potencialmente lesivos y su retirada en un plazo de 24 horas desde su notificación. Por cierto, durante este año 2023 se ha anunciado la revisión del mencionado Código de Conducta. Según información pública, se suman a este compromiso desde el año 2016: Instagram, Snapchat y Dailymotion, recientemente en el 2022 también lo hizo la plataforma Twitch . Importante destacar, que en el 2022, la Unión Europea adoptó un nuevo instrumento normativo que plantea entre sus objetivos la creación de un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de todos los usuarios de servicios digitales, es decir de los usuarios de todo servicio en línea, que va desde los sitios web simples hasta servicios de infraestructura de internet y plataformas en línea. Claramente se trata de un objetivo que está relacionado directamente con el compromiso de enfrentar el Discurso de Odio a través de las plataformas digitales, el mencionado instrumento normativo fue adoptado el 16 de noviembre 2022 como Ley de Servicios Digitales (DSA) . Para la Comisión Europea, es necesario que las TICs garanticen que la aplicación del Código apoye el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, pues de esa forma se añadirá valor en los ámbitos específicos de la lucha contra la incitación al odio y la protección de la libertad de expresión online. El impacto y el compromiso del Código de Conducta. En relación al Código de conducta para combatir la incitación ilegal al odio en Internet en línea, es relevante señalar que el mismo es evaluado permanentemente, en el año 2022 se realizó su séptima evaluación , en cuyo contenido se registra un descenso en los resultados de notificación y acción de las empresas en el marco del compromiso de respuesta a las notificaciones que reciban; entre los datos que se destacan de la mencionada evaluación, se destacan: 1.- El número de notificaciones revisadas por las empresas en un plazo de 24 horas descendió en comparación con los dos últimos ejercicios de supervisión, pasando del 90,4% en 2020, al 81% en 2021, y al 64,4% en 2022; en este contexto, TikTok es reconocida como la única empresa que mejoró su tiempo. 2.- La tasa de eliminación, registró un 63,6%, cifra que es considerablemente inferior a la de su pico en 2020 (71%); en este caso, solo YouTube obtuvo mejores resultados en este parámetro. 3.- La evaluación registra una evolución positiva en cuanto a la frecuencia y la calidad de los comentarios de las empresas a los usuarios, algo que la Comisión había pedido a las empresas que mejoraran en el informe de 2021. Por último, para poder comprender el alcance del Código de Conducta de la UE para frenar la incitación al odio, importante destacar cuáles son esos compromisos que asumen las TICs en el marco del mencionado Código, a saber: 1.- Procedimientos claros y eficaces. Compromiso de procedimientos claros y eficaces para retirar o deshabilitar el acceso a contenido con incitación ilegal al odio. Las empresas de TI dispondrán de normas o directrices comunitarias en las que se aclare que prohíben la promoción de la incitación a la violencia y las conductas odiosas. Tras la recepción de una notificación válida de retirada, las empresas de TI valorarán esas solicitudes con arreglo a sus normas y directrices comunitarias y, en caso necesario, a las legislaciones nacionales de transposición de la Decisión marco 2008/913/JAI, con equipos especializados en examinar solicitudes. Las empresas de TI revisarán la mayoría de las notificaciones válidas para la retirada de manifestaciones de incitación ilegal al odio en menos de 24 horas, y retirarán o deshabilitarán, si fuera necesario, el acceso a dicho contenido. 2.- Educación y concienciación. Las empresas de TI educarán y concienciarán a sus usuarios sobre los tipos de contenidos no autorizados en virtud de sus normas y directrices comunitarias. El sistema de notificación podría emplearse como herramienta para ello. 3.- Rapidez y eficacia de la comunicación. Las empresas de TI facilitarán información sobre los procedimientos de presentación de notificaciones con vistas a aumentar la rapidez y la eficacia de la comunicación entre las autoridades de los Estados miembros y las empresas de TI, en particular en lo relativo a las notificaciones y la deshabilitación del acceso o la retirada de las manifestaciones de incitación ilegal al odio en Internet. 4.- Alianzas con OSC organizaciones tercer sector. Las empresas de TI fomentarán las notificaciones y la señalización por parte de expertos de los contenidos que promuevan la incitación a la violencia y conductas odiosas, particularmente a través de asociaciones con OSC, facilitando información clara sobre las normas y directrices comunitarias de cada empresa y sobre las normas relativas a los procesos de información y notificación. Las empresas TI procurarán reforzar las asociaciones con las OSC mediante la ampliación su ámbito geográfico y, en su caso, proporcionando apoyo y formación para permitir a los socios de las OSC desempeñar el papel de «informantes de confianza» o equivalente, respetando debidamente la necesidad de mantener su independencia y credibilidad. Estados miembros y la Comisión Europea para garantizar el acceso a una red representativa de socios de las OSC y de «informantes de confianza» en todos los Estados miembros a fin de contribuir a proporcionar notificaciones de alta calidad Las empresas de TI recurrirán al apoyo de los Estados miembros y la Comisión Europea para garantizar el acceso a una red representativa de socios de las OSC y de «informantes de confianza» en todos los Estados miembros a fin de contribuir a proporcionar notificaciones de alta calidad. Las empresas de TI presentarán información sobre los «informantes de confianza», disponible en sus sitios web. 5.- Compromiso con formación permanente en las empresas TI. Las empresas de TI proporcionarán formación periódica a su personal sobre la evolución de la sociedad actual e intercambiarán puntos de vista sobre el potencial de mejora. Las empresas de TI intensificarán la cooperación entre sí y con otras plataformas y empresas de medios de comunicación social para reforzar el intercambio de mejores prácticas. Por último, creo oportuno citar al profesor de la Universidad de Jaén Gutiérrez Castillo, cuando describe este Código en la práctica como una “privatización de las funciones estatales, ya que son empresas privadas y no autoridades públicas, las que, determinan lo que es lícito o no en la red”, una afirmación que permite abrir un debate interesante sobre el tema y su complejidad. 1. Comisión Europea. Código de Conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet. 30 de julio 2016. Online en: https://commission.europa.eu/document/551c44da-baae-4692-9e7d-52d20c04e0e2_es 2. GUTIERREZ CASTILLO, Victor Luis. El control europeo del ciberespacio ante el discurso de odio. Análisis de las medidas de lucha y prevención. En: Fundación Dialnet. Recuperado el 30 de julio 2023. Online en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7695859.pdf 3. Europapress.es La plataforma Twitch se suma al Código de Conducta de la UE para retirar contenido de odio de internet. 3 de julio 2022. Online en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-plataforma-twitch-suma-codigo-conducta-ue-retirar-contenidos-odio-internet-20220620174511.html 4. Comisión Europea. Paquete de la Ley de Servicios Digitales. Sin fecha. Recuperado el 04 de agosto 2023. Online en: https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/digital-services-act-package 5. Centro de Documentación de Almeria. Código de Conducta de la UE contra la incitación al odio online. 25 de noviembre 2022. Online en: https://www.cde.ual.es/codigo-de-conducta-de-la-ue-contra-la-incitacion-al-odio-online/
Por Bárbara Puglisi 31 jul, 2023
Recientemente se celebraron las elecciones en España, todavía falta esperar las negociaciones entre los partidos para alcanzar los escaños requeridos para la formación de gobierno, pero lo que sí está claro es que quien gobierne debe tener en cuenta la presencia de trazas de discursos de odio en la sociedad española. A pesar que el monitoreo realizado por la ong Eccos de Paz durante la campaña electoral de los principales líderes de cada partido no reflejo la existencia de discursos de odio tal como es concebido por la legislación nacional, sí se evidencia una tendencia muy marcada propuestas que podrían ir contra grupos minoritarios como la migración, las agendas LTGBI+ y la agenda feminista, a tal punto que algunos partidos hicieron de esos temas en contra y a favor se convirtiesen en su discurso y propuestas de campaña. Quienes asuman el gobierno ya tienen la tarea hecha sobre las políticas públicas que deben implementar en su gestión para evitar que lo que hoy son trazas de odio se conviertan en delitos de odio que podría ocasionar que merme la cohesión social española. Los futuros gobernantes deben aplicar las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las minorías y el discurso de odio en medios sociales. Lo primero es hacer un recuento de todos los instrumentos legales internacionales que establecen derechos y obligaciones a los Estados en materia de minorías y que si no están incorporados al sistema jurídico español deberían tramitarse las respectivas modificaciones legales para su incorporación: - Declaración Universal de Derechos Humanos. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. - Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. -Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. - Convención sobre los Derechos del Niño. - Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. - Convenio marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales. Así mismo, también es importante tomar en cuenta para el marco jurídico nacional en materia de discurso de odio lo señalado en el Plan de Acción de Rabat, del cual conversamos más ampliamente en artículos anteriores. Este plan de acción desarrolla la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Plan de acción que en material de medios sociales debe complementarse con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas contra la Lucha contra el Discurso de Odio. Naciones Unidas hace énfasis en que el abordaje del tema el discurso de odio contra las minorías en los medios sociales debe siempre tener un enfoque basado en los derechos humanos, por ello los Estados deberían promover la igualdad y actuar contra la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, siempre respetando plenamente la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la privacidad, tema que tratamos con un periodista en el podcast de "Creando Eccos", donde hablamos sobre las líneas entre libertad de expresión y discurso de odio. Dentro de las recomendaciones se establece que los Estados deberían actuar con decisión rápida y eficaz para bordar y combatir el discurso de odio contra las minorías en las comunidades en línea, específicamente tienen la obligación de investigar y enjuiciar con rapidez y eficacia a los responsables para que rindan cuentas con el fin de que las víctimas tengan acceso efectivo a la justicia. Todo ello dentro del marco de la transparencia en los mecanismos de moderación y judicialización en los casos que corresponda de los contenidos en las redes sociales. Como políticas de prevención del discurso y delito del odio los Estados deberían adoptar iniciativas de educación en Derechos Humanos sobre los derechos de las minorías. Entre las acciones que pueden realizar tenemos: - Programas escolares que promuevan la diversidad y la pluralidad. - Combatir la discriminación, los estereotipos, la xenofobia, el racismo y el discurso de odio mediante la difusión de relatos positivos alternativos inclusivos que inviten al diálogo. - Mejorar la alfabetización digital en todas las generaciones. - Diseñar e implementar campañas comunicacionales intensiva para desmentir los fakes News y combatir prejuicios. - Diseñar e implementar campañas comunicacionales con el objetivo de sensibilizar sobre el odio o de crear narrativas alternativas para permitir que las personas vean a los grupos minoritarios con una perspectiva diferente de aportes y beneficios como sociedad en conjunto. Al momento de elaborar políticas públicas dirigidas a resolver una problemática en concreto es fundamental buscar las causas que lo motivan y los actores involucrados. En el caso de los discursos de odio en contra de las minorías en los medios sociales las víctimas deberían formar parte de esos procesos de formulación de políticas inclusivas, ya sea en representación personal o de organizaciones no gubernamentales. Las víctimas debidamente organizadas y la sociedad civil en pleno también tienen formas de participar y coadyuvar al Estado en sus obligaciones de prevención y sancionamiento, entre ellas: - La vigilancia del odio en línea. - El apoyo a la víctima del odio en línea. - La vigilancia de la capacidad de respuesta de las plataformas a la denuncia de odio en línea. - La vigilancia en la respuesta de los Gobiernos a las denuncias de línea. - La identificación de las nuevas manifestaciones de odio. - El rastreo de las amenazas y los avisos a los interesados. - El apoyo a las fuerzas de orden proporcionando datos para la investigación. - El apoyo a otras organizaciones de la sociedad civil aportando conocimientos especializados cuando sea necesario, - La creación de plataformas para promover una mayor coordinación en la vigilancia del discurso de odio. - El suministro información y de capacitación a los responsables políticos, las plataformas, los educadores, las fuerzas de orden, las instituciones nacionales de los derechos humanos y otros. - El apoyo a la educación pública mediante programas y con la colaboración de los medios de comunicación. Otros actores para tomar en cuenta son las empresas de tecnologías de medios de comunicación, cuya importancia radica en la prevención y abordaje de los casos que se presenten en línea, pues tienen la obligación legal y moral de eliminar de forma rápida, completa y sistemática el discurso de odio o impedir el acceso a él, aplicando al mismo tiempo salvaguardas eficaces y apropiadas para garantizar que su actuación sea diligente y proporcional. El trabajo de las empresas de Internet debe estar coordinada con los Estados, con el objetivo de mejorar la recopilación de datos y presentar de forma desglosada para identificar las causas y los efectos, los factores que impulsan el discurso de odio, los mecanismos que lo sustentan y las condiciones que lo propician. Otro de los actores involucrados es el sistema de justicia, quienes lo integran deben tener los conocimientos necesarios para la identificación y enjuiciamiento de los discursos y delitos de odio, crear mecanismos accesibles para denunciar el discurso de odio, crear e implementar medidas civiles y administrativas y medidas de Derecho Penal. Cabe resaltar que solo deberían utilizarse el enjuiciamiento penal como último recurso en estos casos en sus formas más graves, por ejemplo, incitación al genocidio o la apología al odio. También los Estados deberían estudiar la posibilidad de regular los que podrían ser propensos al discurso de odio, como son las campañas políticas, los procesos electorales y la gestión de crisis, deberían establecerse un mecanismo para relación de datos relativos al discurso de odio y a la violencia contra las minorías tanto a nivel regional como nacional con el fin de comprender mejor las pautas, los objetivos y las repercusiones del discurso de odio contra las minorías. Sabemos que el discurso de odio tiene mayor repercusión y además es más visible gracias a las redes sociales y el avance de la tecnología por eso también Naciones Unidas hacer una recomendación directamente a quiénes son dueños de esta plataforma y solicita que se apoye en los estados para fomentar medidas punitivas para contrarrestar el discurso de odio y respaldar la cohesión social de integración. Asimismo, los Estados deberían tomar medidas contra la desinformación difundida deliberadamente para perjudicar a las minorías. Las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil deberían colaborar para proporcionar, recopilar y difundir datos relevantes sobre el fenómeno del discurso de odio contra las minorías y su incidencia. Retos que deben superarse como sociedad Los organismos internacionales ya han hecho su parte en la investigación e identificación del discurso del odio y sus tipos penales, ahora corresponde a los Estados hacer su parte en implementarlo. Es importante hacer notar que si bien expresar un discurso de odio no es un predictor inequívoco de la agresión física se ha observado que hitos políticos y discursos de odio por parte de autoridades o figuras de poder aumentan el riesgo de Delitos de Odio en una población. Es claro que a medida que aumentan los mensajes racistas, xenofóbicos, de intolerancia o que identifican a los "otros", es decir, a los miembros de grupos de minorías, como una amenaza crece exponencialmente el rechazo y la posibilidad de que se cometa el delito del odio. Por ello la ausencia de políticas públicas que permitan acoger y acompañar a estos grupos de minorías no solo afecta a la persona y la familia, sino también afecta a los países como tal y a sus sociedades, a la vez que se genera un clima en los que las personas sienten que pueden actuar con impunidad. Queda claro que en oportunidades la eficacia de esas políticas públicas puede ser obstaculizada por la presencia de contra mensaje de político u otras figuras públicas de envergadura que existan en la administración que clasifican como "peligrosas" la presencia de los grupos minoritarios. El principal reto que tienen los Estados por delante es la llamada "infradenuncia" que viene dada por: 1) El miedo a la revictimización o a las represalias por parte de los agresores, 2) Los sentimientos de humillación o de vergüenza, 3) La incertidumbre sobre cómo o dónde denunciar un incidente y sobre qué beneficios le aportará como víctima, 4) La falta de confianza en que las fuerzas policiales le ayuden o se tomen su caso en serio, 5) Las barreras lingüísticas, 6) El miedo ser expulsados del país en el caso de personas indocumentadas, 7) En el caso de las personas LTGBIQ el miedo de exponer su identidad sexual, 8) E l no considerar que le incidente haya sido un delito o concebirla como una infracción menor. Por eso es importante mejorar los procesos de identificación y reporte que no solo permitan generar respuesta para los casos concretos, sino que también darán una mayor visibilidad a la magnitud del problema permitiendo datos estadísticos que puedan ayudar a ser más exactos en la toma de decisiones frente a este fenómeno pero que además facilita la elaboración de indicadores de impacto e incidencia por parte de los actores estratégicos.
Por Carlos Romero Mendoza 17 jul, 2023
@carome31 El discurso de odio puede venir a través del lenguaje escrito, verbal o incluso visual a través de imágenes y en la actualidad, hay una enorme preocupación porque las redes sociales se han convertido en un canal de divulgación masivo e inmediato que puede ante cualquier mensaje que incite al odio, despertar pasiones entre usuarios con consecuencias muy diversas, que podría decirse, hasta impredecibles. Quizá el tema pueda parecer que es muy distante a nuestra realidad más inmediata, pero no lo es, en consecuencia, para poder contrarrestar el discurso de odio, resulta imprescindible y lógico que primero tenemos que tener la capacidad de identificar cuándo estamos frente a un mensaje que podría calificarse como de incitación al odio. España experimenta un momento electoral importante, pues se realizarán a finales de este mes de julio las elecciones generales, y en consecuencia un proceso electoral es un espacio donde se despiertan muchas pasiones que pueden generar mensajes fuertes que para muchos podrían ser calificados como insulto, ofensa o incluso, mensajes de burla hacia un grupo determinado de personas o hacia un individuo específico. En el contexto electoral hay tres hechos concretos que han generado denuncias y reclamos argumentando que los mismos incitan al odio o podría decir, abren el camino hacia un discurso de odio; esos hechos se han conocido como las lonas del odio. Una primera lona fue colocada en la calle de Alcalá de Madrid, en la fachada de un edificio y ocupaba seis plantas del mismo; la segunda, fue desplegada en la calle de Atocha, también en Madrid y la misma cubrió la fachada del edificio, continuando por el dorsal del mismo; ambos hechos nos permiten entender mejor que la tipificación de un mensaje como incitación al odio corresponde a los Tribunales de Justicia, lo que nos lleva a la necesidad de una institucionalizad que genere credibilidad en la ciudadanía para que ésta pueda denunciar, como forma de contrarrestar el discurso de odio, según el caso en particular. Pero además, ambos hechos ponen en evidencia como la propaganda electoral puede desarrollar un mensaje visual capaz de hacer reaccionar a grupos sociales o incluso gobiernos por sentirse agredidos, ofendidos o burlados por esas propagandas. En el caso de la lona de la calle Alcalá, tenía un fondo verde, color de la agrupación política VOX, y en ella se veía una mano que lucía una pulsera con la bandera de España la cual tiraba a la basura papeles con distintos símbolos que representan al feminismo; la Agenda 2030; la bandera LGTBIQ+, la comunista de la hoz y el martillo; la estelada del idependentismo catalán y el símbolo del movimiento okupa; la mencionada lona registró en una frase el siguiente mensaje: “decide lo que importa”. La Lona de la calle Alcalá fue denunciada por PSOE y por distintas organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Intersexuales y más(FELGTBI+) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). Para el ministro de Interior de España, Fernando Grande Marlaska, el contenido de la lona podría “ayudar a otros discursos todavía más incendiarios y a que delitos de odio tengan trismente una realidad.” Por su parte para Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, afirma que ese cartel representa un “nuevo ejemplo del proyecto de odio que tiene Vox, que tiene la ultraderecha en España”, y para la Presidenta de la Fedeación, Uge Sangil, el mensaje es una más de las amenazas de vos al colectivo LGTBI+ y a toda la sociedad española. Esa lona de la calle Alcalá fue retirada el 27 de junio de 2023 porque la Junta Electoral recordó que estaba prohibida la propaganda electoral desde la convocatoria de la campaña electoral hasta el inicio de la misma, según está establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Para la Junta Electoral la mencionada lona responde a una contratación comercial con un mensaje dirigido a “persuadir al elector”, pero advierte la Junta que aún cuando en el mensaje no se invite al elector a ejercer el sufragio, no se puede negar que la lona es propaganda electoral, entendiendo, por propaganda electoral, “cualquier actividad que, directa o indirectamente pretenda la captación de sufragio.” Así mismo en el caso de la otra lona, ubicada en la calle de Atocha, la misma dice: “Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa”, los medios destacan que la lona está dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues en la lona se puede ver su cara, enfrentada a la de Daniel Esteve, dueño de la empresa de desokupación, en actitud agresiva. La lona, según información pública, tiene un mensaje que dice: “En ocho años hemos recuperado las casas de 7.600 familias o condenas. Os echaremos de menos a todos”. Debajo del escrito aparecen las imágenes de dirigentes de Podemos como Irene Montero, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, Pablo Iglesias, así como también Gabriel Rufián de ERC y Juan Bernardo Fuentes Curbelo del PSOE . Para el Gobierno de España la lona violenta el artículo 504 del Código Penal, relacionadas con los delitos de odio recogidos en el Código Penal, de los cuales pueden ser sujeto activo las personas jurídicas, conforme a los artículos 31 bis y 510 bis del mencionado Código, frente a los inmigrantes. Para el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , el mensaje excede de la libertad de expresión, y en tal sentido informa que solicitó a un Tribunal dar la orden de retirarla. Para la Junta Electoral, hay libertad de expresión y si bien la lona no se orienta directamente a captar votos favorables para una candidatura, exterioriza posiciones críticas o discrepantes con las posiciones defendidas por determinadas formaciones político; sobre las denuncias sobre la existencia de elementos de odio, la Junta recuerda que la competencias para poder valorar si hay o no un delito de odio le corresponde a los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción penal en España. En este caso a diferencia de la lona de la calle Alcalá, permanecerá expuesta hasta el 24 de julio, según noticia publicada el 7 de julio 2023. Si bien en ambos casos no se ha determinado que se trate de mensajes visuales que califican para ser tipificados como incitación al odio, no es menos cierto, que las decisiones tomadas en cuanto a retirar la lona en el primer caso o a mantenerla hasta el 24 de julio, se basan en criterios de la ley electoral, que por demás, no tiene competencia para tipificar cualquier mensaje como delito de odio. Una tercera lona ha sido expuesta en la calle madrileña Martinez Campos, en ella aparece la imagen de un hombre encapuchado y con barba que sujeta desde atrás a una mujer, a la que tapa la boca mientras esta trata de chillar. En la imagine podemos leer el siguiente mensaje: "Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle". Esa tercera pancarta, podemos calificarla como una crítica al Gobierno de Pedro Sánchez por las rebajas de las penas y excarcelaciones producidas tras la conocida como Ley del Solo Sí es Sí; esta Lona podría ser valorada como una crítica y desde ese punto de vista, valorar si su contenido incita o no al odio. La crítica, entendida como el análisis o afirmaciones negativas que tienen como objetivo establecer un juicio de valor de la persona receptora y en ocasiones infringir un daño u ofensa, es uno de los criterios a valorar cuando se analiza el mensaje de odio , según nos dice un trabajo publicado en el 2021 en la Revista Mediterránea de Comunicación, firmado por varios autores y en el que se analiza el discurso de odio en Instragram durante las Elecciones Generales de 2019 en España, y nos presenta la crítica como uno de los criterios para ese análisis de contenido. Una cuarta pancarta es aquella que fue colocada en Chueca lona específicamente en la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca, en la que se usa el lema ’23J, vota contra los pactos del odio’ junto a las caras combinadas de los candidatos de PP y Vox a las Elecciones Generales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente. La cara del segundo aparece tras rasgarse parcialmente la cara del primero . Sobre esta lona Vox presentó un recurso ante la Junta Electoral de Zona, que fue decidido el 17 de julio 2023, requiriendo a la organización Avaaz que retire la palabra ‘vota’, o en su defecto toda la lona desplegada. Por su parte, Avaaz, ha lamentado que sea VOX, el mismo partido autor de Wla lona en la que tiró a la basura los derechos y la dignidad de millones de españolas y españoles sea quien trate ahora de silenciarnos.” A primera hora del sábado 15 de julio los responsables de la lona, eliminaron del mismo la palabra “vota” por lo que sólo se lee 23J contra los pactos del odio . Hasta ahora en el marco de las elecciones generales, desde Eccos de Paz hemos ido monitoreando aquellos hechos que nos permiten identificar ejemplos concretos de mensajes que podrían ser calificados por algunos como incitación al odio, y así destacamos en este artículo estas cuatro lonas sobre las cuales se hace referencia en este artículo. En base a esas lonas, podemos preguntarnos: 1.- ¿El contenido de esas lonas puede ser valorado como mensaje de odio? 2.- ¿Debemos aceptar que la propaganda electoral pueda ofender, menospreciar, insultar o burlarse de una persona o grupo de personas? El debate que se pueda generar sobre la primera pregunta ayudará a comprender mejor cuando abordamos el discurso de odio, nos enfrentamos a una realidad compleja que siempre nos impone reflexionar sobre los límites entre libertad de expresión, los mensajes en tiempo electoral , no sólo entre los candidatos, sino también entre los seguidores de cada candidato, y los niveles de tolerancia aceptados por la sociedad en general. 1.- El Pais. VOX retira la lona contra los derechos LGTBI y el feminismo por orden de la Junta Electoral. 27 de junio 2023. Online en: https://elpais.com/espana/elecciones-generales/2023-06-27/la-junta-electoral-obliga-a-vox-a-retirar-su-lona-contra-los-derechos-lgtbi-y-negacionista-antes-de-medianoche.html 2.- Los colectivos LGTB denuncian lona de odio desplegada por VOX en Madrid y afean al PP que asumen su discurso. 20 de junio 2023. Online en: https://www.ondacero.es/elecciones/generales/colectivos-lgtb-denuncian-lona-odio-desplegada-vox-madrid-afean-que-asume-discurso_2023062064914f039d4a830001582be4.html 3.- IDEM 4.-Ondacero.es Colectivos LGTB denuncian lona de odio desplegada por VOX en Madrid y afean al PP que asume su discurso. 20 de junio 2023. Online en: https://www.ondacero.es/elecciones/generales/colectivos-lgtb-denuncian-lona-odio-desplegada-vox-madrid-afean-que-asume-discurso_2023062064914f039d4a830001582be4.html 5.-RTVE.es. Vox quita la lona de la calle Alcalá de Madrid tras instarle la Junta Electoral de Madrid. 27 de junio 2023. Online en: https://www.rtve.es/noticias/20230627/junta-electoral-ordena-vox-retirar-lona-tira-basura-bandera-lgtbi/2450551.shtml 6.-Europapress. Gobierno enmarca lona Desokupa contra Sánchez en discurso de odio pero no aclara si presentará denuncia. 4 de junio 2023. Online en: https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-enmarca-lona-desokupa-contra-sanchez-discursos-odio-no-aclara-si-presentara-denuncia-20230704144007.html 7.-El Confidencial.com El PSOE denuncia ante la JEC la lona de Desokupa por incitar al odio y pide retirarla. 05 de julio 2023. Online en: https://www.elconfidencial.com/espana/2023-07-05/el-psoe-denuncia-ante-la-jec-la-lona-de-desokupa-por-incitar-al-odio-y-pide-retirarla_3687570/ 8.-Publico. La Junta Electoral permite la Lona de Desokupa y seguirá hasta después del 23J. 07 de julio de 2023. Online en: https://www.publico.es/sociedad/dueno-desokupa-anuncia-retira-lona-odio-boicot-colectivos-vivienda.html 9.-Idem. Una nueva lona del odio de Vox acusa a Sánchez de sacar violadores a las calles. 12 de julio 2023. Online en: https://www.publico.es/politica/nueva-lona-odio-vox-acusa-sanchez-sacar-violadores-calles.html. 10.-LOSADA-DIAZ, José-Carlos; ZAMORA-MEDINA, Rocío y MARTINEZ-MARTINEZ, Helena. El discurso de odio en Instagram durante las Elecciones Generales en España 2019. En: Revista Mediterránea de Comunicación. 2021, 12(2): 195-208. https://doi.org/10.14198/MEDCOM.19142 11.-Gacetín Madrid. La Junta Electoral ordena retirar total o parcialmente la lona de Chuecas contra los “pactos del odio” de PP y VOX. 15 de julio 2023. Online en:https://gacetinmadrid.com/2023/07/15/la-junta-electoral-ordena-retirar-total-o-parcialmente-la-lona-en-chueca/ 12.- ABC. Modifican la lona de Chueca contra el voto a PP y a VOX tras la orden de la Junta Electoral. 15 de julio 2023. Online en:https://www.abc.es/espana/madrid/junta-electoral-ordena-retirar-modificar-lona-chueca-20230715123133-nt.html
Por Carlos Romero Mendoza 07 jul, 2023
@carome31 Eccos de Paz ha iniciado una campaña para lograr identificar cómo se puede contrarrestar el discurso de odio, y en ese sentido, resulta útil y oportuno mirar hacia la ONU para conocer qué otros instrumentos han adoptado, distintos a declarar un día internacional para contrarrestar el discurso de odio que anualmente se conmemora el 18 de junio. Para empezar, es oportuno hacerlo con el Plan y Estrategia para contrarrestar el discurso de odio, presentado en el año 2019 por el Secretario General de la ONU, António Guterres, a través del cual se presentan las distintas formas como la ONU se plantea enfrentar el discurso de odio a nivel mundial, manteniendo como premisa principal la preservación de la libertad de opinión y expresión, en colaboración con los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otros asociados . Esas distintas formas que plantea la ONU responden a dos objetivos concretos que inspiran el Plan y Estrategia, a saber: 1. Aumentar los esfuerzos de la ONU de forma coordinada para abordar las causas profundas y los desencadenantes del discurso de odio, que se centren en la educación como instrumento preventivo que promueva la concienciación y genere unidad. 2. Centrar la respuesta de la ONU en el impacto del discurso de odio en las sociedades, haciendo hincapié en la colaboración con los agentes pertinentes, reforzar las actividades de promoción y elaborar pautas para contrarrestar determinadas narrativas. Como se puede apreciar con claridad, la educación y concienciación, la colaboración entre todos y la definición de una serie de pautas para contrarrestar el odio son los ingredientes, por así decirlo, de una receta que pueda servir de antídoto para enfrentar el discurso de odio. En ese contexto, cito a continuación los 4 los principios en los cuales se debe inspirar el Plan y la Estrategia diseñada por la ONU, a saber: 1. La libertad de expresión debe preservarse. La Estrategia y su aplicación estarán en consonancia con el derecho a la libertad de opinión y de expresión; para las Naciones Unidas, debe haber más discurso, no menos, para actuar frente al discurso de odio. 2. Todos somos responsables. La lucha contra el discurso de odio es responsabilidad de todos, gobiernos, sociedades y el sector privado, empezando por las mujeres y los hombres concretos. Todos somos responsables y todos debemos actuar; 3. El papel clave de la tecnología. En la era digital, las Naciones Unidas deben apoyar a una nueva generación de ciudadanos digitales, empoderados para reconocer y rechazar el discurso de odio y oponerse a él; 4. Investigación y conocimiento. Necesitamos saber más para actuar eficazmente: esto exige coordinar la recopilación de datos y la investigación, en particular sobre las causas profundas, los factores y las condiciones que propician el discurso de odio. En base a esos principios y los objetivos previamente señalados, el Plan y la Estrategia define los siguientes compromisos: 1. Vigilancia y análisis del discurso de odio. 2. Hacer frentes a las causas profundas, los factores y los protagonistas del discurso de odio. 3. Aliento y apoyo a las víctimas del discurso de odio. 4. Reunión de los agentes pertinentes, buscando, cuando sea necesario, redefinir los problemas de manera que resulte posible encontrar soluciones; acudir a mediadores y expertos independientes; y crear coaliciones. 5. Colaboración con medios de comunicación nuevos y tradicionales, para promover los valores de la tolerancia, la no discriminación, el pluralismo y la libertad de opinión y de expresión. 6. Uso de la tecnología, como forma de adaptarse a las innovaciones tecnológicas y alentar la realización de más investigaciones sobre la relación entre el uso indebido de Internet y las redes sociales para difundir el discurso de odio y sobre los factores que impulsan a las personas a cometer actos de violencia. 7. Uso de la educación como instrumento para afrontar y contrarrestar el discurso de odio. 8. Promoción de sociedades pacíficas, inclusivas y justas, para hacer frente a las causas profundas y los factores del discurso de odio, lo que supone, nos dice el documento, concienciar sobre el respeto de los derechos humanos, la no discriminación, la tolerancia y la comprensión de otras culturas y religiones, así como la igualdad de género, incluido el mundo digital. Debe promover la comprensión mutua y el diálogo intercultural, interreligioso e intrarreligioso. 9. Actividades de promoción, tanto pública como privada, para poner de relieve las tendencias de discurso de odio que son motivo de preocupación, así como para expresar su solidaridad y apoyo a las personas o los grupos que sufren ese discurso. 10. Elaboración de orientaciones para la comunicación externa. 11. Aprovechamiento de las alianzas, ello supone promoverlas y fortalecerlas. 12. Creación de capacidad del personal de la ONU, para comprender y afrontar el discurso de odio 13. Apoyo a los Estados miembros, que lo soliciten que lo soliciten en el ámbito de la creación de capacidad y la elaboración de políticas para hacer frente al discurso de odio. Esos compromisos aspiran que la ONU demuestre tener capacidad para abordar el problema con todos sus Estados miembros y lograr ese mundo más respetuoso y civilizado, al cual hizo referencia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio 2023. Para Türk, no hay bala de plata, ni interruptor que pueda ser pulsado para liberar al mundo del odio en la red o fuera de ella; en consecuencia agrega, podemos limitar su propagación, aislar y responsabilizar a los incitadores del odio y fomentar un mayor respeto a través de medidas específicas y dotadas de recursos. Y en el marco de ese respeto al cual hace referencia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, António Guterres, Secretario General de la ONU, ha presentado la idea de impulsar un Código de Conducta que permita garantizar la integridad de la información en las plataformas digitales, destinado a reducir la propagación de la desinformación y la incitación al odio, protegiendo la libertad de expresión. Ese Código que se está consultando, según informa ONU, presenta una serie de compromisos que se aspiran sean voluntariamente asumidos por distintos agentes y actores a nivel internacional, a saber: 1. Los gobiernos, las empresas tecnológicas y otras partes interesadas deben abstenerse de utilizar, apoyar o amplificar la desinformación y la incitación al odio con cualquier fin 2. Los gobiernos deben garantizar un panorama mediático libre, viable, independiente y plural, con fuertes protecciones para los periodistas 3. Las plataformas digitales deben garantizar la seguridad y la privacidad desde el diseño en todos los productos, junto con una aplicación coherente de las políticas y los recursos en todos los países e idiomas 4. Todas las partes interesadas deben tomar medidas urgentes e inmediatas para garantizar que todas las aplicaciones de inteligencia artificial sean seguras, responsables y éticas, y cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos 5. Las empresas tecnológicas deben alejarse de los modelos de negocio que priorizan el compromiso por encima de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad 6. Los anunciantes y las plataformas digitales deben garantizar que los anuncios no se coloquen junto a mensajes de desinformación o incitación al odio en línea, y que no se promuevan anuncios que contengan desinformación 7. Las plataformas digitales deben garantizar una transparencia significativa y permitir el acceso de investigadores y académicos a los datos, respetando al mismo tiempo la privacidad de los usuarios La causa que motiva ese Código está en la forma como se están utilizando las plataformas digitales como herramientas para subvertir la ciencia y difundir desinformación y odio a miles de millones de personas; con el Código, dice Guterres, se aspira “crear medidas de protección para ayudar a los gobiernos a unirse en torno a directrices que promuevan los hechos, al tiempo que exponen conspiraciones y mentiras, y salvaguardan la libertad de expresión e información”. Como se puede apreciar entre los compromisos planteados en el Código de Conducta está presente la inteligencia artificial y claramente, ese instrumento, se propone definir la responsabilidad que deben tener las plataformas digitales en la lucha contra el discurso de odio, aspecto este en el cual la Unión Europea ya tiene una experiencia acumulada que debe ser valorada en este debate a través de Código de conducta para la lucha contra la incitación al odio en internet, adoptada en el año 2016 y que en otro artículo será presentada con más detalle. 1. ONU.La Estrategia y el Plan de Acción de las Naciones Unidas para luchar contra el discurso de odi. Recuperado 25 de julio 2023. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf 2. Naciones Unidas. Derechos Humanos Oficina de Alto Comisionado. Jefe de Derechos Humanos: el discurso de odio no tiene cabida en nuestro mundo. 16 de junio 2023. Online en: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/06/un-human-rights-chief-hate-speech-has-no-place-our-world 3. El Periódico de España. La ONU propone un código de conducta para luchar contra el odio y la desinformación en internet. 12 de junio 2023. Online en: https://www.epe.es/es/espana/20230612/onu-propone-codigo-conducta-luchar-88612071 4. Noticias ONU. Guterres pide era de integridad a las redes sociales para detener la desinformación y la incitación al odio. 12 de junio 2023. Online en: https://news.un.org/es/story/2023/06/1521887
Por Bárbara Puglisi 04 jul, 2023
La migración vuelve a estar en el ojo del huracán de la política, los países receptores de migrantes que están en pleno proceso de elecciones presidenciales son aquellos que tienen el tema al “rojo vivo” y que puede llegar a representar una amenaza contra los valores democráticos, la estabilidad social y la paz.
Por Carlos Romero Mendoza 27 jun, 2023
@carome31 La ONU el día lunes 19 de junio 2023 presentó en una sesión especial el Informe de veracidad sobre la información en redes sociales, ello en el marco de conmemorar el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, sobre el Informe no hay información que nos permita hasta el momento de hacer este artículo (19 de junio) alguna valoración, pero si hay algunos registros de noticias que nos permiten destacar 4 aspectos relevantes de las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres sobre el discurso de odio, que nos permite abrir un diálogo crítico y constructivo en función es las mismas, a saber: 1.- El discurso de odio como grave peligro. António Guterres, alertó que la proliferación del odio y las mentiras en internet representa un grave peligro a escala global que el mundo debe afrontar y en ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional para abordar con responsabilidad ese peligro. Si bien nos habla de escala global, no ignoremos que ese “peligro” puede existir en tú comunidad, en tú propio entorno y es necesario que nuestro aporte a esa lucha global, sea empezar por identificar esos discursos de odio y valorar con oído crítico su contenido, así como el entorno en el que se genera para poder valorar la gravedad o no de ese discurso de odio y entonces abordar la necesidad o no de hacer algo, para prevenir los efectos que pudiera generarse. 2.- Los graves efectos del discurso de odio nos llama a contrarrestarlo. La segunda idea que expresa Guterres es un llamado a contrarrestar ese discurso de odio, destacando que sus efectos pueden llegar a perjudicar la paz y el desarrollo, además de sentar las base de conflictos y tensiones, así como violaciones a los derechos humanos a gran escala. Con esta advertencia, expone ideas que nos pueden parecer muy distantes a nuestra realidad a nuestra dinámica diaria, pero no es así, la paz, el desarrollo, las tensiones o conflictos y el disfrute efectivos de los derechos humanos está presente en nuestro día a día, tal vez no los identifiquemos con facilidad, pero el poder caminar libremente por la calle, el poder decir qué comer, cuándo y dónde, la capacidad de influir en políticas públicas y en diseñar el camino hacia nuestro propio crecimiento personal en un entorno con calidad de vida es parte de eso que se puede perder con discurso de odio que se convierta en algo normal, en otras palabras, en un discurso al cual nos acostumbremos. 3.- Las respuestas para contrarrestar el discurso de odio no pueden violentar otros derechos y menos la convivencia pacífica En tercer lugar, advirtió que para responder a las causas y repercusiones del discurso de odio hay que tener cuidado de no impulsar soluciones que en sí misma violentan los derechos humanos al restringir la libertad de expresión, por ejemplo, o de impulsar leyes para mayor control a periodistas y defensores de derechos humanos. En este aspecto Guterres nos acerca a lo complejo que resulta contrarrestar el discurso de odio, porque las soluciones podrían lejos de contrarrestar el discurso de odio, alimentarlo y crear nuevos problemas o conflictos que incidan en la paz y en la convivencia. 4.- La tecnología puede ser una aliada importante, pero también, es la herramienta para una mayor divulgación del discurso de odio. Una cuarta idea nos habla de la necesidad de un espacio digital más seguro e inclusivo. Si bien Guterres reconoce que hay muchos beneficios que aportan las plataformas digitales; también, advierte que su uso indebido para desvirtuar información, propagar desinformación y odio, avivar conflicto, amenazar la democracia y los derechos humanos, enciende las alarmas de esos “graves peligros” que enfrentamos en la actualidad frente al aumento del discurso de odio. Precisamente porque todos somos usuarios y receptores, las redes se convierten en un aliado o en un peligro, dependiendo de la responsabilidad del usuario y la capacidad de ser un receptor crítico de los mensajes que se transmiten segundo a segundo, con rapidez a inmediatez. ¿Cómo contrarrestar esa realidad desde la acción de la ONU? En el discurso de Guterres, también se destaca los dos aportes concretos que realiza la ONU en esta materia y que nos permite tener un marco político referencial para valorarlo de manera crítica en cuanto a su aplicación y los efectos esperados, esos aportes son: • Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas contra el Discurso de Odio, que es el marco global de la ONU para contrarrestar este discurso y sus efectos. • Código de Conducta para la veracidad de la información en las plataformas digitales, a través del cual pide a los gobiernos, las empresas tecnológicas y otras partes interesadas abstenerse de utilizar, apoyar o amplificar la desinformación y la incitación al odio con cualquier fin. En próximas entregas nos acercaremos a conocer ambos documentos, para así poder valorarlos en cuanto a su impacto en la labor que hoy nos compromete en Eccos de Paz, de contrarrestar el discurso de odio. Por su parte, creo importante destacar las palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien hizo un llamado para lograr un mundo un poco más respetuoso y cívico; reconociendo que para lograrlo, no existe una bala de plata, tampoco hay un interruptor, que se pueda apagar. “Solo podemos recurrir a medidas precisas para limitar su expansión, aislar a quienes lo difunden y para construir respeto, en lugar de criminalizarr discursos que si tienen que ser protegidos.” Y concreta Turk que para lograr contrarrestar el discurso de odio, buscando ese mundo más respetuoso y cívico, se hace necesario impulsar las siguientes medidas: 1. Invertir en programas de alfabetización digital y mediática. 2. Educar en Derechos Humanos y mecanismos de apoyo para proporcionar verificación de hechos independientes con la participación de periodistas y la sociedad civil. Resulta importante mencionar que Turk en sus palabras por el Dia Internacional para contrrestar el discurso de odio, haya mencionado la necesidad de hacer más para contrarrestar ese discurso de odio en los funcionarios y personas influyentes “cuyas voces tienen un profundo impacto y cuyos ejemplos inspiran a muchas otras personas”. Fuente: RadioCable.com. La ONU alerta de la proliferación del discurso de odio y mentiras en redes sociales y llama a combatirlo. 20 de junio 2023. Online en: https://www.radiocable.com/onu-proliferacion-discuros-odio-redes-sociales-combatirlo438.html Noticias ONU. Guterres: Hay que buscar mecanismos de seguridad para detener el discurso de odio. Recuperado el 20 de junio 2023. Online en: https://news.un.org/feed/download/1521897/es/sites/news.un.org.es/files/audio/2023/06/120623jt1.mp3 Europapress.es. ONU aboga por un mundo más “cívico”en la conmemoración del Día contra el discurso de Odio. 18 de junio 2023. Online en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-aboga-mundo-mas-civico-antes-conmemoracion-lunes-dia-contra-discurso-odio-20230618102908.html
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